El plan de seguridad de la Iglesia, en el limbo

Tras el robo del Códice, en 2011, la Fiscalía propuso a Xunta, Arzobispado y Delegación del Gobierno un protocolo para proteger el patrimonio eclesiástico que está en vía muerta

09.06.2014 | 00:37
Entrega del Códice Calixtino, con Julián Barrio, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo.

Cuando desapareció el Códice Calixtino del Archivo de la catedral de Santiago saltaron todas las alarmas: ¿Estaba el patrimonio religioso, que constituye en torno al 80 por ciento de los bienes artísticos existentes en Galicia, lo suficientemente protegido? No solo las piezas únicas, como el manuscrito medieval, que compartía alojamiento con otras de valor incalculable, como el Tumbo A, sino el disperso por las casi 3.900 parroquias de Galicia, con un número de inmuebles de carácter religioso que duplica esa cifra. Las sustracciones, incluso de campanas de las torres de los templos, no son noticias aisladas. Solo en el primer semestre de 2011, antes de que desapareciese el Códice, la Guardia Civil informaba de ocho robos en diferentes iglesias gallegas.

Cuando desapareció el Códice, la Fiscalía Superior de Galicia decidió que era hora de hacer algo para proteger los bienes culturales en manos del estamento eclesiástico. El 27 de julio de 2011, apenas veinte días después de que el entonces deán de la catedral de Santiago, José María Díaz, denunciase públicamente la desaparición del manuscrito del siglo XII, el fiscal Carlos Varela lanzaba su propuesta, instando a unir fuerzas con Xunta, Arzobispado de Santiago y las Fuerzas de Seguridad para elaborar un protocolo, "Igrexa Segura", encaminado a reforzar la protección del patrimonio religioso.

A solo dos meses de que se cumplan tres años del robo del Códice y mientras el autor confeso de la sustracción espera aún el juicio, dicho protocolo sigue aparcado en los cajones de las diócesis. Solo el obispado de Astorga -que gestiona el menor número de parroquias de la comunidad, apenas unas 250- manifestó su adhesión a un documento de partida en el que el fiscal proponía inventariar todo el patrimonio de la comunidad y sugería, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, una serie de medidas para minimizar la exposición a los riesgos, sobre todo en las iglesias del rural.

La Fiscalía aludía no solo medidas de seguridad como alarmas o vigilantes, sino otras basadas en la organización, desde la restricción de acceso a los inmuebles, al control de llaves. A mayores, recomendaba aprovechar el espíritu de voluntariado para inventariar los bienes, una propuesta que, según la Fiscalía, había recibido entonces el beneplácito del Arzobispado.

Desde entonces, no ha habido movimientos visibles de las partes implicadas, aunque el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, en una entrevista reciente a este diario, aseguró que su departamento le dio "el visto bueno inicial" al documento, realizó alguna "aportación" y espera que se les vuelva a convocar cuando se considere "conveniente" para "apoyar las medidas que se estimen convenientes en cuanto a seguridad y a la perfecta conversación del patrimonio".

Preguntado si este soporte se traduciría en partidas monetarias, señaló que habría que "estudiarlo", pero recordó que "no puede recaer solo en la Administración la responsabilidad económica" y que en el protocolo se establecen medidas que no requieren desembolso, sino "colaboración". En su momento, el fiscal había aclarado que los gastos de seguridad debían correr a cargo de la Iglesia.

La sintonía de Astorga con la propuesta de la Fiscalía fue un hecho aislado. Otras diócesis, a través de sus responsables de patrimonio, cuestionaron ya al principio que las medidas propuestas fueran suficientes. César Carneiro, encargado de los bienes de la de Lugo, manifestaba que el punto de partida era erróneo desde el momento en que, a su juicio, el problema del patrimonio eclesiástico gallego no son los robos, sino la "falta de recursos para su conservación", un ámbito que no solo compete a la Iglesia, señalaba, sino también a la Administración.

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