Los familiares del gallego José Couso, fallecido durante en 2003 durante la entrada en Bagdad (Irak) de las tropas de Estados Unidos, se han mostrado "muy, muy contentos" después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) haya avalado la decisión del juez Santiago Pedraz de continuar con la instrucción de la causa.

"Lo valoramos positivamente. Sobre todo, demuestra la madurez de la Magistratura de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional dándole la razón al juez Santiago Pedraz para seguir investigando", ha manifestado este viernes el hermano del cámara y portavoz de la familia, David Couso, en declaraciones a Europa Press.

Después de que los 16 magistrados hayan rechazado el recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía que el juez instructor cerrara la causa y la elevara a este órgano superior para su archivo, David Couso ha hecho hincapié en que esta decisión demuestra "la independencia del Poder Judicial frente al Legislativo y al Ejecutivo".

Asimismo, el hermano de José Couso ha indicado que con este paso le tribunal está "respaldando la Jurisdicción Universal" y la "búsqueda de justicia", que, desde su punto de vista, es lo que "más recompensa" ha traído a la ciudadanía en la investigación de crímenes de lesa humanidad y de asesinatos. "Estamos muy, muy contentos", ha subrayado.

El portavoz de la familia de José Couso también ha recordado que son ya "once años con una causa abierta, que es la única causa abierta en el mundo contra militares norteamericanos". "Viene a ratificar que la justicia de este país pelea por la búsqueda de justicia para un compatriota y no aceptando el sobreseimiento de las causas, que lo que estaría demostrando es que la impunidad es la que gobierna en el mundo", ha sentenciado.

El magistrado Santiago Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar este procedimiento al considerar que la limitación de la Justicia Universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado".

La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de Justicia Universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional.