El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por unanimidad permitir que el juez Santiago Pedraz siga investigando el caso Couso, pero no han entrado a analizar los efectos que en esta causa pueda tener la reforma de la ley de justicia universal.

Los 16 magistrados que componían hoy el pleno han rechazado así el recurso de queja de la Fiscalía contra la decisión de mantener abierto el caso sobre la muerte en Irak del cámara José Couso en 2003, en el que reclamaba al juez que concluyera el sumario y lo elevara a la Sala para que esta decidiera sobre el archivo o no de la causa a la luz de la nueva norma.

Sin embargo, según han informado fuentes jurídicas, el pleno no ha entrado en el fondo de la cuestión y se ha limitado a estudiar la cuestión procedimental, por lo que ahora la Fiscalía podría formular un nuevo recurso que permita al pleno entrar en otras consideraciones.

Los magistrados han entendido que el recurso de queja utilizado por la Fiscalía para oponerse a la decisión de Pedraz no ha sido el cauce correcto para pedir al juez que concluya el sumario y lo eleve a la Sala de lo Penal para que éste órgano sea el que decida respecto al archivo que propugna la reforma, sino que debía habérselo reclamado directamente al instructor.

Por ello, ahora la Fiscalía podría pedir a Pedraz que concluya el sumario, y de negarse el juez a ello, como hará con toda probabilidad, el fiscal podrá recurrir esa decisión y entonces la Sala entraría en el fondo.

El fondo de este asunto es determinar si sobre la reforma de la ley de justicia universal prevalece, tal y como sostiene Pedraz, el convenio de Ginebra como tratado internacional que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas.

Para la Fiscalía, el artículo 146 de la IV Convención de Ginebra, invocado por Pedraz, no tiene carácter obligatorio ni es de aplicación directa en España, por lo que una norma interna, como es la nueva ley de justicia universal, "puede limitarlo, modificarlo, suspenderlo o hasta derogarlo".

Para negarse a concluir el sumario, como le pide la Fiscalía, Pedraz argumentó también que aún no se han practicado todas las diligencias pendientes: tres comisiones rogatorias a Estados Unidos, de las que aún no se ha obtenido respuesta, y la petición de toma de declaración a los procesados.

Algunas diligencias no se podrán practicar

La Fiscalía por contra cree que el sumario debe concluirse ya porque algunas de esas diligencias nunca no se podrán practicar, fundamentalmente la toma de declaración a los tres militares estadounidenses procesados por la muerte del cámara.

En su reunión de hoy, los magistrados iban a estudiar también si, a la luz de la nueva ley, debía archivarse la causa en la que el juez Ismael Moreno investiga la represión en el Tíbet, que afecta a cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, aunque este asunto lo han aplazado para el 18 de junio porque una acusación ha presentado a última hora un recurso contra la decisión de llevar este caso al pleno.

Lo que sí han estudiado en el pleno es un nuevo caso de los llamados "narcobarcos" que afecta a cinco narcotraficantes extranjeros -un coreano y cuatro brasileños- que fueron detenidos en marzo de 2013 en un buque fuera de las aguas territoriales españolas con 1,7 toneladas de cocaína valorada en 60 millones.

Dado que el juicio de estos cinco narcos ya había sido fijado (iba a comenzar a celebrarse ayer), los magistrados han acordado devolver a la sección segunda el caso para que abra la vista oral y en sus cuestiones previas las partes planteen si cabe excarcelar a los acusados como consecuencia de la reforma.

En el capítulo de "narcobarcos", han avalado además la decisión del juez Ismael Moreno de excarcelar a cuatro narcos turcos apresados en un barco pesquero fuera de las aguas territoriales españolas con 12 toneladas de hachís, ya que el pleno considera que con la nueva ley la justicia española ya no es competente para perseguir este tipo de delitos cuando los responsables son extranjeros, han sido detenidos en aguas internacionales en un barco de bandera extranjera y cuando el delito no se vaya a cometer en España.

Con estos argumentos, la Sala ya ha avalado la liberación de 53 narcos, lo que ha llevado a la Fiscalía ha recurrir estas excarcelaciones ante el Tribunal Supremo al discrepar con la interpretación de la Audiencia Nacional sobre la competencia de la jurisdicción española en la persecución de estos casos tras la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.