El alcalde de Ourense se libra de pagar por las aceras de su casa al caducar el expediente municipal

El regidor renuncia a la "caducidad" y técnicos municipales deberán decidir si reabren el caso »El PP denuncia que se dejó prescribir deliberadamente

06.06.2014 | 01:27
Agustín Fernández.

El alcalde de Ourense, Agustín Fernández (PSOE), no tendrá que pagar, al menos en principio, las obras de urbanización de la calle en la que está su casa. Así lo acordó ayer la junta de gobierno -de la que se ausentó el regidor y la única edil crítica del PSOE en la misma-, al declarar la caducidad del expediente por el que se podía reclamar a Agustín Fernández que corriese con los gastos generados por la construcción de la acera. Pero quedará exento en principio porque el propio regidor, pocas horas después del acuerdo de la junta de gobierno, emitió un comunicado por el que renuncia a la "caducidad" del expediente por si los técnicos municipales consideran "conveniente" reabrir el expediente.

En todo caso, todo la documentación relativa a esta polémica ha sido remitida por el Concello de Ourense a la Fiscalía para su conocimiento, dado que todo el proceso fue denunciado en su momento por el PP, que además sostiene que el Concello retrasó deliberadamente la tramitación para que superase el límite de plazo.

La historia arranca en 1997 cuando el ahora alcalde tuvo que depositar un aval bancario de 10.600 euros para costear la urbanización de su calle al no tener la parcela en la que construyó su casa la calificación de solar. En estos casos, son los particulares los que deben asumir los gastos.

Pero en 2010, siendo Agustín Fernández entonces edil de Hacienda, el ayuntamiento resolvió devolverle el aval después de que la calle fuera remozada con cargo al Plan E del Gobierno central y, un año después, se le devolvió la fianza de forma efectiva.

Ya en este año, un informe emitido en marzo por la Intervención del Concello requería al alcalde el pago de cerca de 28.000 euros en concepto de liquidación por al urbanización de su calle y el PP, ante esta revelación, fue cuando decidió denunciar al alcalde ante la Fiscalía por financiar la urbanización con cargo a fondos públicos.

Posteriormente, la junta de gobierno acordó en abril la apertura de un expediente de revisión de oficio a fin de determinar si el regidor debía pagar o no las obras después de que le fuera devuelto el aval.

Y el último capítulo se cerró ayer al resolver que, a propuesta del jefe de servicios de licencias, es "correcta" la tramitación del permiso de ocupación de la casa del ahora regidor y que "no procede" a la devolución del aval por las obras "al haber caducado el expediente", dado que pasaron ya los cuatro años que establece la legislación para efectuar este tipo de reclamaciones.

"Todo el expediente relacionado con las aceras de la casa del alcalde ha sido trasladado inmediatamente a la Fiscalía para que tenga conocimiento sobre la agilidad de la tramitación desde que el PP planteó la denuncia hasta que se ha resuelto el expediente", declaró la concejala de Urbanismo, Área Soto, tras el acuerdo de la junta de gobierno local.

Y es que el portavoz del PP de Ourense, Rosendo Fernández, había acusado justo antes al PSOE de "dejar caducar a sabiendas" el expediente tanto de urbanización como de licencia de ocupación de la casa del alcalde para que no tuviera que pagar los 28.000 euros.

"Se da carpetazo a lo que parece una negligencia por el incumplimiento ante el ayuntamiento por parte del alcalde", denunció el edil popular. También recriminó que el Concello tuviera paralizado el informe quince días en manos de técnicos contratos por asistencia externa para que se cumplieran los plazos de caducidad. "Es un desprecio a los ciudadanos que ahora se vaya de rositas", clamó Rosendo Fernández, quien también avanzó su intención de llevar el acuerdo de la junta de gobierno local a la Fiscalía.

Poco después, el regidor entraba en escena al enviar una nota de prensa en la que comunicaba su renuncia a la caducidad del expediente. Pero no implica necesariamente que vaya a abonar los 28.000 euros, sino que esta dispuesto a hacerlo si los técnicos municipales entienden que debe hacerlo.

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