Varapalo judicial al gobierno de Santiago

El plan B pasa por fichar no electos

El alcalde compostelano incluirá en su gobierno personas ajenas a la lista electoral, con la que no podría relevar a los siete condenados »El PP deja en sus manos la gestión de la crisis

03.06.2014 | 01:48
El plan B pasa por fichar no electos

Minutos antes de que los siete concejales condenados se sentasen en el banquillo de los acusados el 20 de mayo, en pleno ecuador de la campaña de las europeas, la teniente de alcalde, Reyes Leis, que acudió con el regidor al juzgado para apoyar a sus compañeros, reconoció que existía un "plan B" en caso de condena. La mayoría de voces populares salieron en tromba a negar esa alternativa, que ahora ha pasado de hipótesis a necesidad para tratar de solucionar una nueva crisis en un gobierno que el PP ansiaba alcanzar desde 1986. En tres años, su balance pasa por la dimisión de un alcalde que no pagó 291.000 euros al fisco y de nueve concejales: siete condenados por prevaricar y dos imputados por corrupción. Para relevar a los condenados, el alcalde, Ángel Currás, fichará a concejales no electos.

Currás afronta el reto de relevar no solo a los siete ediles condenados, sino también a Adrián Varela, que la semana pasada anunció su adiós el mismo día en que recibía una notificación para testificar por su presunto intento de que despidiesen a la esposa de un sindicalista, como revelan los pinchazos del caso Pokemon, en el que está imputado por corrupción.

El paso lógico supondría que el regidor llamase al resto de ciudadanos que aparecen en la lista electoral del PP con la que se presentó a los comicios de 2011, pero no resulta tan sencillo. Comenzaron el mandato trece personas con asiento en pleno, pero dimitieron tres y la lista avanzó hasta el puesto 17, pues el número 16 renunció a incorporarse a la política. Y hasta el final de la lista solo restan siete nombres, pues uno de ellos falleció.

Los dos últimos puestos de la lista, de carácter simbólico, son ocupados por la diputada en el Congreso Marta González y el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que no dejarán sus cargos, por lo que Currás debería tirar de los cuatro suplentes.

Fuentes populares reconocen que parte de los candidatos de la lista se niegan a entrar en el ayuntamiento, bien porque se apuntaron como forma de apoyo sin pensar nunca en esa posibilidad real, bien por motivos profesionales, bien porque rechazan verse relacionados con el gobierno municipal en estas circunstancias, bien por edad.

Para paliar esta situación, el concello fichará concejales no electos, según confirman fuentes populares, que no pueden precisar cuántas incorporaciones se realizarán y cuántos miembros de la lista electoral sí accederán a formar parte del equipo de gobierno.

Los no electos no podrán formar parte de la junta de gobierno, tal como estableció el Tribunal Constitucional del año pasado. Sin embargo, este órgano de gobierno solo tiene un número máximo de miembros -un tercio de los 25 ediles-, por lo que podrían componerlo Leis y los tres últimos ediles que llegaron al concello: Rebeca Domínguez, Luis Meijide y José María Hernández, si bien la primera mantiene una mala relación con Currás.

Además, en caso de agotar la lista -que todos renunciasen- la ley permitiría incluir a no electos como miembros de pleno derecho en el consistorio, opción a la que recurrió el PSdeG en Ames en marzo pasado, aunque es poco probable en este caso. Este escenario supondrán una lógica reordenación de responsabilidades en el gobierno.

Desde el PPdeG descargan en el alcalde toda la responsabilidad de la gestión de esta crisis, en la que se centrará hoy. "No vamos a marcarle la agenda desde aquí", comentan desde el partido.

Los escándalos de corrupción han salpicado el gobierno de la capital gallega desde que el PP desalojó de la Alcaldía a un PSdeG que mantenía el bastón de mando desde 1987. De hecho, este balance generó un duro golpe electoral el pasado 25 de mayo, pues los populares se dejaron 20 puntos en la ciudad, logrando su peor resultado urbano, un escenario que inquieta a la cúpula del partido a un año de las municipales y que se agrava ahora.

Gerardo Conde Roa comenzó el mandato como alcalde, pero en 2012 dimitió tras conocerse que era investigado por fraude fiscal al no declarar 291.000 euros de IVA de una venta de pisos. Fue condenado a una multa de 580.000 y a dos años de cárcel. Además, su asesor de confianza dimitió antes de la victoria tras ser sorprendido ebrio al volante.

A Conde Roa todavía le quedó poder para lograr que la lucha por la sucesión se saldase a favor de Ángel Currás, lo que provocó la dimisión de su rival, Paula Prado, que se refugió en el Parlamento y la portavocía del partido.

Prado está ahora siendo investigada por haber inflado facturas a empresas afines en su etapa como concejal en el caso Pokemon, lo que constituye otro negro capítulo para el PP compostelano. Esta investigación provocó la dimisión del edil Albino Rey y la imputación de Adrián Varela, Rebeca Domínguez y del propio Currás tras ser nombrado alcalde, también imputado en un presunto acoso a un policía local.

Los pinchazos del caso Pokemon, además, revelaron no solo presuntos intentos de enchufar a afines en empresas contratistas del concello y trato de favor hacia ellas, sino la tensión interna en el PP compostelano, abierto en canal tres años después de haber culminado una aspiración política de tres décadas.

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