Varapalo judicial al gobierno de Santiago

Crisis sin precedentes en la capital gallega tras dimitir 7 ediles condenados por prevaricación

El juez impone nueve años de inhabilitación a los concejales por cometer una "gravísima injusticia" al aprobar pagar con fondos públicos la defensa de un compañero imputado por corrupción »Actuaron "a sabiendas" de que vulneraban la ley

03.06.2014 | 01:48
Currás, María Pardo, Rueda y Negreira, ayer a las puertas de la sede del PPdeG en Santiago.

El gobierno de Santiago experimenta una de las mayores crisis políticas de la historia política reciente de Galicia. Siete de los trece concejales que conforman la mayoría absoluta del PP en el consistorio anunciaron ayer su dimisión unas horas después de que recibiesen la sentencia que condena a cada uno de ellos a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricar a la hora de aprobar el año pasado pagar con cargo a los fondos municipales la defensa de su compañero Adrián Varela, imputado por corrupción en el caso Pokemon.

El fallo supone un mazazo no solo para los condenados y el ayuntamiento de la capital de la comunidad, sino también para la cúpula del PP gallego, que hasta ahora había defendido a capa y espada a los siete concejales desde la fase de instrucción, que dirigió la juez Ana López Suevos, si bien tanto esta como luego la Audiencia Provincial han tumbado su estrategia de defensa en un caso que partió de una denuncia particular.

Dejan, por tanto, su puesto y su carrera política Cecilia Sierra (concejal de Facenda), María Pardo (Urbanismo y portavoz), Amelia González (Personal), Luis García Bello (Seguridade Cidadá), Juan José de la Fuente (Obras), María Castelao (Servizos Sociais) y Francisco Javier Noya (Festas), si bien ninguno de ellos perderá su empleo público, pues no trabajabann para la administración antes de dedicarse a la política.

El alcalde Ángel Currás y la teniente de alcalde Reyes Leis fueron los únicos miembros de la junta de gobierno que no acudieron el año pasado a la reunión en la que se aprobó pagar la defensa de Varela, por lo que se libraron de la sentencia, si bien el regidor acumula dos imputaciones por otros casos, uno de ellos la operación Pokemon.

La decisión de los ediles fue comunicada a las ocho de la tarde tras mantener una reunión estos en la sede autonómica del PP con el alcalde, Ángel Currás; el secretario xeral del partido, Alfonso Rueda; el vicesecretario, Agustín Hernández; el presidente del PP de A Coruña, Carlos Negreira; y el secretario xeral del PP en la provincia, Diego Calvo.

La sentencia, que puede ser recurrida, supone un varapalo. Estima que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, [los condenados] obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de corporación imputado por varios delitos contra la administración pública".

El magistrado sustituto del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, Jesús Leal, firma una sentencia en la que se aferra a la argumentación y petición de pena de la fiscal, Aránzazu San José, y tumba la estrategia de defensa de los concejales; e incluso afea a alguno de ellos contradicciones en sus declaraciones. En su opinión, ejercieron su poder para defender a un imputado por corrupción "arbitrariamente" y eran "sabedores" de que no se cumplían los requisitos legales para poder acordar el pago de la defensa de Varela, lo que provocó que cometiesen "una gravísima injusticia". Además, califica de "fácilmente refutables y poco creíbles" los testimonios de los condenados, que aseguraron no conocer a fondo el motivo de la imputación de Varela, a pesar del revuelo mediático generado en la ciudad.

Los condenados basaron su estrategia en tres patas. Por un lado, que respetaban los tres supuestos legales que el Tribunal Supremo entiende que permiten pagar la defensa a un imputado: que su situación esté motivada por una acción vinculada a su cargo, que no hayan cometido abuso, exceso o desviación de poder y que no exista responsabilidad criminal, es decir, que sean absueltos. Por otro, que el informe del interventor municipal avalaba su decisión. Y por último, que no habían redactado el acuerdo, sino que lo había hecho una funcionaria. El juez tumba todos esos argumentos.

Todo comenzó el 30 de mayo del año pasado cuando Adrián Varela, concejal de Deportes que la semana pasada anunció su dimisión, solicitó al concello que pagase su defensa en el caso Pokemon, en el que la juez le imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Esa misma mañana, el secretario municipal emitió un informe condicionando el pago a los tres citados supuestos y la junta de gobierno admitió a trámite por vía urgente y aprobó un acuerdo para abonar la minuta del letrado de Varela, una celeridad que el juez no entiende justificada. Autorizaban, según el fallo, "un gasto fuera del interés de la colectividad, determinando resarcir a quien en su día puede llegar a ser criminalmente responsable por los delitos que se le imputados" y sin especificar ningún tope para la factura del abogado. De haber esperado al fallo absolutorio, sí podría haber sido legal resarcir a Varela por sus gastos, apunta.

Los concejales alegaban que su acuerdo estaba vinculado a la absolución de Varela e incluía el informe del secretario, algo que no convence al juez. "Sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo", espeta el magistrado, que considera que en el acuerdo "se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad", al tiempo que no queda claro que el acuerdo esté condicionado de ninguna forma según el "tenor literal" del acuerdo.

El juez también entiende "irrelevante" buscar la exculpación alegando que quien redactó literalmente el acuerdo fue una funcionaria municipal. Los integrantes de la junta de gobierno son los "responsables únicos" de una decisión que abre una crisis política sin antecedentes en la capital de Galicia.

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