Los portavoces de PSOE y BNG en el Ayuntamiento de Santiago han pedido hoy la dimisión de los siete concejales del Ejecutivo local condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo al erario la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon.
El socialista Francisco Reyes ha señalado a los informadores que todos ellos han de irse hoy y ha lamentado la "imagen terrible" que para la ciudad supuso la fotografía en el banquillo tomada el pasado 19 de mayo, día en el que se celebró el juicio en el juzgado de lo penal número uno de los de Compostela, una vista presidida por el magistrado Jesús Leal.
Reyes ha indicado que deben "asumir su responsabilidad y dimitir hoy mismo", ha lamentado que el Partido Popular siga su código ético con "criterios acomodaticios" dependiendo de cada situación y ha comentado que, bajo su criterio, la fórmula a aplicar ahora sería que corra la lista, algo preferible a una intervención.
El nacionalista Rubén Cela ha expresado un contundente "que se vayan todos y que se vayan ya", y en esta solicitud ha incluido al alcalde, Ángel Currás, al entender que "carece de legitimidad" y a todos los ediles imputados en este Ayuntamiento, "independientemente de su color político".
"Santiago está en una situación límite", ha apuntado, y ha culpado de ello a la "irresponsabilidad del PP", con un gobierno en el que nueve de sus trece miembros están imputados en alguna de las causas judiciales abiertas.
Cela ha recriminado que el presidente de la Xunta y del PPdeG Alberto Núñez Feijóo haya "mirado para otro sitio" al intentar hacer creer "que no pasaba nada" y que finalmente haya tenido que ser la Justicia la que pusiese orden allí donde el PP no quiso hacerlo.
Ha acusado a Núñez Feijóo de "estirar deliberadamente" los plazos para impedir la disolución de la corporación y que se convocasen elecciones, algo que ahora ya no es posible.
La situación de Santiago, ha recalcado, es "terrible" a causa de la "doble irresponsabilidad" del PP, y dos son las "únicas" soluciones ahora, ambas "malas", que corra la lista o que se nombre una gestora.
La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud del entonces concejal de Deportes Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se costease con otros medios que no fuesen los suyos propios.
Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso, han insistido en defender su inocencia.
La fiscal Arancha San José ha mantenido su petición de nueve años de inhabilitación, la que recoge este fallo contra el que cabe recurso.
