"Con alguna excepción puntual, desde hace años la mayoría de los servicios o suministros de carácter periódico y con carácter habitual de importe superior a 18.000 euros más IVA, no eran objeto de licitación, por lo que venía siendo informada desfavorablemente su facturación" sentencia el interventor de Porriño en el informe que le requiere la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui sobre los procedimientos de licitación en este Concello. El interventor explica que ponía reparos "de forma general" y adjunta el listado de 58 empresas que facturaron al consistorio entre 2010 y 2014, los años de gobierno del popular Nelson Santos, más de 15 millones de euros. También señala que en la mayoría de los casos el alcalde, imputado en la Operación Multiusos, levantaba los reparos y ordenaba el pago de las facturas a estas empresas, aunque no acostumbraba a subsanar las deficiencias expuestas por el alto funcionario.

La Policía Judicial investigaba, a raíz de una denuncia anónima sobre contrataciones a empresas afines al alcalde y por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño, las relaciones contractuales de diez empresas, que entre 2010 y 2013 facturaron al Concello más de cuatro millones de euros, pero constatadas "las graves irregularidades" en estos casos, los investigadores judiciales inquieren al interventor si estas supuestas ilegalidades también las advirtió en otros contratos. Es cuando el interventor en su informe con membrete oficial del Concello amplía el listado con otras 48 empresas que facturaron en los últimos cuatro años al consistorio 10,8 millones de euros, entre dos y tres millones anuales.

En esta relación, se incluyen los contratos de luz y teléfono porque el interventor defiende que "había transcurrido tiempo suficiente desde la liberalización de los mismos" y debían ser "objeto de licitación".

Eso sí, el interventor apunta que "la situación empezó a ser corregida sobre todo en el año 2013 con la licitación de algunos de los contratos". En la relación detallada de empresas y contratos, algunas se embolsaron trabajando para el Concello 1,4 millones de euros, y otras cantidades menores.

Las irregularidades expuestas por el interventor eran que el Concello contrababa directamente y sin concurso público servicios por una cuantía superior a 18.000 euros más IVA cuando la ley lo prohíbe o porque el interventor entendía que el Concello fraccionaba contratos precisamente para eludir el concurso público. Otras anomalías eran incumplimientos en la prelación de las órdenes de pago o falta de un plan de disposición de fondos.

Este informe del interventor forma parte del sumario de la Operación Multiusos, que investiga precisamente contrataciones irregulares en este consistorio pontevedrés y por la cual está imputado el regidor, el teniente de alcalde y el edil de Empleo.

A la vista del escrito del interventor y de otras pruebas recabadas, la Policía Judicial ve claras "graves irregularidades" y presta especial atención en su propio informe a IMPI (Instalación de Maderas y Pavimentos Ibérica S.L.), que entre 2012 y 2013 facturó 653.446 euros al Concello de Porriño. Esta firma que se constituyó el mismo año en que Nelson Santos y cuyo dueño inicial es supuestamente alguine afín al teniente de alcalde de Porriño accedió a la alcaldía supuestamente facturó trabajos "inexistentes" al consistorio, labores, como por ejemplo limpieza de calles y jardines, que en realidad habría cometido operarios del propio concello, según testimonios recabados en el marco de la investigación judicial.