A la espera de la sentencia para los siete compañeros de corporación que aprobaron el pago de su defensa como imputado en la Operación Pokemon, el concejal popular santiagués Adrián Varela, dimitía ayer en "solidaridad", asegura, con los procesados y por "la presión" a la que su familia estuvo sometida estos últimos meses. El responsable de Deportes asume "el coste político" de su decisión de pedir que las arcas compostelanas hicieran frente a la contratación de abogados, que finalmente no se materializó por su renuncia.

La decisión se conocía mediante un comunicado público en el que hace hincapié en esas razones para marcharse. Se trata, según apunta en el documento, de una "decisión personal" que ayer por la tarde transmitió al alcalde, Ángel Currás, consciente de la "situación judicial muy difícil" a la que "expuso" a los otros siete miembros de la corporación que fueron juzgados la pasada semana. Pese a eso, Varela defiende "la legalidad" de la decisión adoptada por el gobierno local, el 30 de mayo de 2013, a petición suya, y reitera que ésta obtuvo "el aval" de los técnicos "competentes". El ya exedil asume "en primera persona el coste político de la misma".

Adrián Varela destaca en su anuncio la "presión" a la que estuvo sometida "su familia" en los últimos meses. Ni siquiera, reitera, su "férrea vocación de servicio público" puede "más que la tranquilidad" de sus seres queridos. En su intención está "no dañar la imagen" de la capital gallega", a la que, dice, sirvió "con toda su lealtad y esfuerzo" durante este tiempo. A eso suma un agradecimiento a los vecinos que depositaron en él "el honor" de representarlos en los últimos tres años, en los que . "No atendí a otros intereses que a los de los compostelanos", incide.

Varela es uno de los concejales imputados en la Operación Pokemon, al igual que el alcalde, Ángel Currás. En el sumario de la investigación que indaga en una supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambios de concesiones, el que fue responsable de deportes en la capital gallega aparece en diversas conversaciones con otros de los principales implicados en Santiago. En su declaración el 13 de junio ante la jueza que instruye la causa, Pilar de Lara, Adrián Varela reconoció que "Antonio Ramos", al que identifica como "constructor", puso "dinero" para la campaña del PP, aunque matiza que él en ningún momento ha visto recibir cantidades y que él no era el tesorero del partido.

En una conversación intervenida a este concejal y a Ángel Espadas -que era el jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa-, Adrián Varela le comenta que, en el caso de que el actual regidor, Ángel Currás, tuviese intención de "prescindir" de él [en referencia a Espadas], le iba a "recordar, decir que va a haber gente que le va a ir a pedir 40.000 o 45.000 euros... gente que puso dinero en la campaña electoral y que quieren que tú [a Espadas] sigas ahí, para empezar...".

La jueza insistió en sus preguntas al concejal de Deportes si existían otras personas que pudiesen aportar dinero, pero el concejal únicamente se refirió a esa persona. No fueron las únicas conversaciones polémicas. En otras, Varela decía sobre una compañera del grupo municipal calificativos como "frígida", "mal follada" o "subnormal" y figura en otra intervención que pidió que se despidiese a una trabajadora por ser la mujer de un sindicalista de la CIG en el Ayuntamiento.

Por el pago de su defensa, el lunes de la pasada semana se sentaron en el banquillo de los acusados Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Castelao, Francisco Noya, Luis García Bello y María Pardo, que se enfrentan a hasta nueve años de inhabilitación especial para cargo público. Estos siete concejales, reunidos en junta de gobierno local el 30 de mayo de 2013, aprobaron un acuerdo por el que se autorizaba el pago de la defensa a Adrián Varela. Tras una denuncia ciudadana, la jueza de instrucción Ana López-Suevos instruyó diligencias y tanto ella como la fiscal Aránzazu San José atribuyeron un supuesto delito de prevaricación por los hechos.

Varela, nacido en 1984, está acusado de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el marco de la Pokemon, que busca desmontar una supuesta trama corrupta de adjudicaciones de contratos que se habría gestado entre algunas administraciones locales y empresas, principalmente el Grupo Vendex. En su declaración del 17 de junio apelaba a "un mínimo de humanidad" respecto a Currás, "que pasa de nosotros". "Se nos ha hecho el vacío a varios concejales", aseguraba.