La Xunta subvencionará con 90 euros al año el recibo de la luz de la familias con menores a su cargo que ingresen menos de 532 euros mensuales, cuantía que ascenderá a 120 euros si se trata de familias numerosas -más de tres hijos-. Este "tícket eléctrico" beneficiará con dos pagos semestrales a unas 14.000 familias, de acuerdo con los cálculos efectuados por el Ejecutivo autonómico que ayer anunció el presidente Alberto Núñez Feijóo tras la reunión semanal de su Consello. El coste de la medida ascenderá a un millón de euros, aunque se ampliará si las necesidades resultan mayores. Durará solo este año.
El pasado 9 de abril el titular del Ejecutivo autonómico confirmó que pondría en marcha un bono de la luz complementario de las bonificaciones estatales, como había adelantado FARO. Dos semanas más tarde de lo que había prometido, Feijóo detalló ayer las características de esta subvención, destinada a las familias con ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples, situado en apenas 532 euros mensuales. Según explicó, la medida favorecerá a 14.000 familias, a pesar de que según el Instituto Galego de Estadística son 219.595 los hogares en la comunidad que "carecen de una temperatura adecuada" debido a su incapacidad para hacer frente al recibo de la luz. Por tanto, el nuevo "tícket eléctrico social", según la denominación que ha empleado la Xunta, cubriría al 6,3% de familias que padecen pobreza energética.
Feijóo cifró en un 40% el ahorro que permitirá este tícket junto con la nueva tarifa reducida del Gobierno central -antiguo bono social-. Este último se creó en 2009 y suponía una rebaja del 25% de la factura, aunque la nueva modalidad de descuentos endurece los requisitos de acceso. Feijóo culpó del coste de la energía al déficit de 26.000 millones de euros del que responsabiliza al Gobierno de Zapatero.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gobierno, Feijóo también se refirió al déficit de financiación en servicios públicos que padece Galicia, lo que pone "en serio peligro" su viabilidad, según alertó la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, un día antes. Su jefe recogió el guante al hilo de las preguntas de los periodistas para apuntalar su discurso de cara al inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se comenzará la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica.
Un día antes Muñoz sostuvo que Galicia gasta 500 millones de euros más al año en sanidad por la dispersión y envejecimiento, argumento para reclamar que estos factores pesen más en el nuevo reparto, así como la emigración, la lucha contra los incendios o los kilómetros de costa. Feijóo dio un paso más, quejándose de que esta situación lastra la inversión de su gobierno. "Lo financiamos [ese sobrecoste] con dinero que podíamos destinar a otras cuestiones", lamentó, aunque no aclaró, como le preguntó la prensa, si acometería nuevos recortes para compensar ese déficit de financiación. Como ejemplo, recordó que Galicia cuenta con un 23,7% de población con más de 65 años, que consume el 70% del gasto farmacéutico.
Armado su discurso con estos argumentos, movió ficha ante las presiones que cada comunidad realizará para salir lo más beneficiada posible del nuevo reparto de la tarta financiera. "Plantearemos nuestras propuestas en el CPFF para que no se financie un territorio, sino a las personas", proclamó a modo de crítica al modelo de reparto realizado por el Ejecutivo de Zapatero en el último sistema, "un pacto entre el Gobierno central y el tripartito catalán".
Además, Feijóo reiteró su apuesta por un gran pacto entre PP y PSOE en temas "concretos", señalando la sanidad como el primero de ellos recuperando el informe Abril Martorell encargado en su momento por el expresidente del Gobierno Felipe González. "Él sería un magnífico líder para hacer una propuesta", recomendó Feijóo.
Además, este defendió la libertad de los padres para elegir llevar a sus hijos a un colegio que segregue por sexo, después de que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, declarase que la separación pertenecía a otra época. "Si es legal, son los padres lo que toman la decisión y ejercen su derecho constitucional", zanjó.
Ayuda para autónomos
Por otra parte, el Consello aprobó ayer una orden de ayudas contemplada en el Plan de Emprego Xuvenil para incentivar que los menores de 30 años se den de alta como autónomos. La Xunta destinará 4,5 millones a estas ayudas, que oscilan entre los 1.200 y los 12.600 euro para financiar un año las aportaciones a la Seguridad Social e inversiones para poner en marcha el negocio. Beneficiará, calcula el Ejecutivo, a unos 1.500 jóvenes.
Además, el Consello aprobó un informe que certifica que la Xunta pagó en los primeros cinco meses del año 2.771 millones en facturas en un tiempo medio de 20,3 días, casi 10 menos que el año pasado. Este año la Xunta tampoco recurrirá al fondo de liquidez del Gobierno.
