La juez instructora de la Pokemon, Pilar de Lara, ha estrechado un poco más el cerco sobre la actual portavoz del PP, Paula Prado, que no está imputada en el caso. El pasado mes de diciembre abrió una pieza separada -una investigación específica- sobre la diputada autonómica al apreciar "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". Y como es parlamentaria y no puede actuar contra ella, De Lara ha preguntado al Ministerio Fiscal si procede elevar sus sospechas al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que sea este órgano judicial quien tome las riendas de la investigacion sobre Paula Prado por ser aforada y decida si cabe la imputación o, por el contrario, considera que no hay pruebas para seguir adelante. Se desconoce por el momento la respuesta del fiscal a su petición.
Así consta en un auto del 2 de diciembre de 2013 que aparece recogido en los nuevos tomos de la instrucción que ayer fueron entregados a las partes. La juez ampara su decisión en los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, en la documentación incautada y en las conversaciones telefónicas grabadas y declaraciones tomadas en la operación Pokemon. Sobre todo, la instructora pone el foco dos actuaciones de Paula Prado -cuando era concejala de Santiago-, en el inflado de una factura para beneficiar a un empresario compostelano y en las "influencias ejercidas" para beneficiar económicamente el negocio de su marido.
Este nuevo paso no ha modificado la actitud del PPdeG con su portavoz. El secretario xeral, Alfonso Rueda, comentó ayer que esperará a conocer todo el sumario de la Pokemon para tomar resoluciones "si es que las hubiera que tomar", ya que, según dijo, no hay nada nuevo de momento. Por su parte, el alcalde, Ángel Currás, aseguró ayer que desconocía la apertura de una pieza separada sobre la que fuera su edil, pero que si la juez lo hizo "es porque sus motivos tendrá". Casualidad o no, Paula Prado suspendió ayer por la mañana la visita electoral que tenía prevista al mercadillo de Fisterra (A Coruña).
En su argumentación, De Lara subraya que, sin perjuicio de la investigación del TSXG, de los informes de Vigilancia Aduanera "se infiere la participación" de la exconcejala en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo "La Abeja Maya" en unos 5.000 euros para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, que el propio alcalde veía ya "cara" en su momento.
El auto alude, asimismo, a "influencias" en las que habría intervenido Prado con el entonces también concejal Albino Vázquez y Adrián Varela, también compañero suyo en el consistorio, para "beneficiar económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles", entre ellos a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, empleando para ello a terceros intermediarios "para no involucrar su nombre como proveedor".
Personas interpuestas
Añade la jueza que el marido de Paula Prado -a quien ha ordenado investigar- "habría utilizado estratagemas como la de facturar, por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y Materiales, del Grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", remarca el auto.
En tercer lugar, el auto se refiere a la "influencia" de la portavoz del PPdeG en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".
"Independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos", agrega el auto judicial.
