Para garantizar la expansión de las telecomunicaciones, los propietarios de un edificio podrán observar cómo el Ministerio de Industria les expropia su terraza y decide instalar una antena de telefonía de un operador privado en contra de su voluntad. Este es uno de los puntos más polémicos de la nueva ley de telecomunicaciones que ultima el Gobierno central, que ha despertado además quejas entre los ayuntamientos por vulnerar sus competencias.
El artículo 29 de la nueva norma establece que "los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas.". Si el Ministerio de Industria, entiende que no hay más remedio, una comunidad de vecinos podría ver cómo se instala de manera obligatoria una antena en su azotea, a pesar de la alarma social que generan estas infraestructuras por los posibles problemas de salud que puedan ocasionar.
Este aspecto, que afecta en gran medida a Galicia debido a las complicaciones que para las telecomunicaciones ofrece su orografía, marca un cambio rotundo en este terreno, pues hasta ahora la instalación de antenas requería la aquiesciencia de los propietarios, así como dos licencias municipales. Ambos trámites podrán quedar en el cajón con el nuevo marco legislativo.
La norma fue aprobada el pasado día 29 de abril en el Congreso y ya emboca la recta final de su tramitación en el Senado. Los alcaldes ya han alzado la voz de alarma. El asunto ha sido debatido en la cúpula de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con gran malestar por los alcaldes. Además, la federación nacional (FEMP) ha presentado alegaciones arremetiendo contra el texto.
Los ayuntamientos, conscientes del rechazo que suelen provocar las antenas, no quieren ser relegados a la hora de decidir su instalación porque serán ellos quienes lidiarán luego con las quejas vecinales. Además, falta un año tan solo para las próximas elecciones municipales.
La FEMP elude quejarse sobre las posibles expropiaciones, pero sí reclama la anulación de varios artículos que "vulneran flagrantemente" las competencias municipales. Uno de ellos facilita la instalación de antenas, pues elimina la obligación de que las operadoras de telecomunicaciones cuenten con una licencia local. A partir de ahora solo necesitarán una declaración responsable. "Entendemos absolutamente necesario garantizar la seguridad de las instalaciones", exige la FEMP, reclamando que con una u otra fórmula la operadora presenta un proyecto técnico que "permita verificar el cumplimiento de la normativa vigente".
El impacto visual es otro elemento sobre el que los municipios pierden poder, pues la ley permitirá "despliegue aéreos y por fachadas de cables" de telecomunicaciones. La FEMP entiende que se vulnerarán miles de planes urbanísticos que no permiten esos cables al aire en fachadas.
