La actividad docente e investigadora, los salarios del personal de las instituciones académicas del país (50 públicas y 25 privadas), los precios públicos de matrícula o las condiciones para optar a una beca son los puntos clave de la vida universitaria que se han resentido por los ajustes aplicados por el Gobierno. Los rectores salieron ayer en defensa de sus alumnos, ya que muchos atraviesan dificultades para continuar estudios, y lanzaron un mensaje claro al ministro Wert tras el endurecimiento de los requisitos para optar a ayudas: "Las becas deben ser garantes de la equidad".

Al mediodía y al unísono, los representantes de las universidades españolas exigieron con la lectura conjunta de un comunicado "el fin de las medidas de austeridad, del Real Decreto 14/2012, que eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento". "Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera", proclamaron. El rector de Vigo, Salustiano Mato, leyó el manifiesto en Miralles rodeado de profesores; Juan Casares Long (USC) en Lugo y Xosé Luis Armesto, que apuntó un descenso en el presupuesto general para becas, en el rectorado coruñés.

Es la segunda vez que los rectores se unen para una protesta conjunta; la primera fue en diciembre de 2012 por los recortes presupuestarios para investigación. "Las limitaciones normativas provocaron que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión", criticaron ayer los rectores del país.

En un manifiesto conjunto difundido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los rectores denunciaron que la nueva regulación de las becas ha cambiado "su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan" y las ayudas Erasmus "han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años". "Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes", expresaron.

"Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables; debe recuperarse el sentido de las becas como garantes de la equidad y volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora", expresaron los rectores. Destacaron que el incremento de los precios públicos de los grados, "y muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo". En el ámbito académico, "el acceso a la profesión se encuentra cerrado, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición que cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera", añadieron.