Dos nuevas sentencias golpean la gestión del PP en el Ayuntamiento de Santiago

Un fallo anula la sanción al policía que se negó a ocultar el atestado contra Espadas por conducir ebrio - Y el otro invalida el nombramiento del nuevo secretario e interventor

01.05.2014 | 02:01

A las puertas de que siete ediles del Concello de Santiago se sienten en el banquillo de los acusados por prevaricación, dos sentencias, conocidas ayer, golpearon de nuevo la gestión del PP al frente del Ayuntamiento. En una de ellas se elimina la sanción al policía local que denunció al alcalde, Ángel Currás, por acoso y en la otra se anula la ampliación de la plantilla del Concello que aprobó el Gobierno del PP en 2012 para poder relegar de sus puestos al secretario y a la interventora municipal que heredaron de la etapa socialista.

Este aumento de personal fue recurrido en su día por el PSOE y el Tribunal Superior de Xustiza le acaba de dar la razón. La sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que cuando se aprobó el acuerdo en el Ayuntamiento -en febrero de 2012- ya había entrado en vigor la ley estatal que impedía a las administraciones públicas contratar más personal. El fallo sostiene que el proceso se realizó con "injustificada premura", que es "evidente que vulnera" la normativa estatal y que no está justificado que la carga de trabajo no pudiera ser realizada por los seis funcionarios habilitados que ya existían. Además, la sentencia falla en sentido contrario al expresado en su informe al respecto por el director xeral de Administración Local de la Xunta.

Lo que aprobó el PP fue incorporar a la plantilla un tercer secretario, un tercer interventor y un tercer tesorero, aunque solo se cubrieron los dos primeros puestos de forma inmediata.

Pero fue meses más tarde cuando trascendió la verdadera dimensión de esta ampliación de la plantilla, descubierta por las grabaciones telefónicas realizadas a los ediles del PP imputados en la operación Pokemon y con Conde Roa todavía como alcalde.

Las conversaciones revelan que tenían gran interés en renovar con Aquagest el servicio del agua, pero que la operación encontraba muchos reparos por parte del secretario y de la interventora, por lo que maniobraron para apartarlos de sus puestos. Incluso, según revela el sumario de la Pokemon, se dirigieron a la Xunta para que acelerara la autorización para cesar a los altos funcionarios, ya que no se podía hacer sin el visto bueno de la Administración autonómica.

La segunda sentencia conocida ayer afecta al policía local José Antonio Carril, que fue suspendido de empleo y sueldo durante un mes por el Concello por utilizar el coche oficial para fines ajenos al servicio. El juez considera probado que esto solo pasó un día y que por tanto es desproporcionado el castigo con respecto a la infracción, por lo que anula la sanción y falla que debe imponerse en su lugar un apercibimiento por falta leve.

El caso es que el policía denunció por acoso al alcalde y éste resultó imputado, al igual que Conde Roa, el entonces edil de Tráfico Albino Vázquez y la coordinadora de seguridad, Mar Hinojosa. Y si en un primer momento el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa, salvo en el caso de Albino Vázquez, las grabaciones de la Pokemon dieron un vuelco a la situación y se volvió a imputar a todos, añadiendo a la lista a Ángel Espadas porque revelaron la existencia de una campaña con denuncias anónimas contra el policía, dado que se negó a cumplir la orden de hacer desaparecer el atestado contra Ángel Espadas cuando fue descubierto ebrio y dormido al volante con su coche parado en un semáforo.

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