Con la cuenta atrás en la adjudicación formal a Banesco y la solución definitiva, entre otros importantes asuntos pendientes, a los afectados de preferentes y deuda subordinada, Novagalicia reserva en su caja 154 millones de euros para afrontar las incesantes sentencias en su contra por la comercialización de los complejos productos financieros. Su principal pesadilla. A la que dedicó casi el 12% de los 1.300 millones de euros que suman las provisiones por deterioro de negocio y contingencias a la vista del pasado ejercicio. ¿Suficiente? Al cierre de las cuentas de 2013, hace apenas unos días, los procesos judiciales por los híbridos de capital alcanzaban un importe de 303,502 millones de euros, según reconoce la propia entidad en el informe anual que ayer remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores". Y, como publicó FARO, el 99,6% de las sentencias están dando la razón a los clientes. La diferencia correrá a cargo del FROB.

"A fecha actual no es posible conocer el impacto final que tendrán los procesos judiciales abiertos sobre este proceso de canje de instrumentos financieros híbridos pendientes de resolución o el impacto de los que puedan iniciarse en el futuro", explica NCG, que se agarra tanto a la provisión realizada, como, "adicionalmente", a los acuerdos plasmados en el contrato de compraventa con Banesco. "El FROB -recuerda- ha otorgado garantías al banco para hacer frente a la responsabilidad que pueda surgir por estos procesos".

El papel del organismo como respaldo económico al resultado de las denuncias es conocido. Fue uno de los detalles publicitados por el FROB tras la victoria del holding presidido por Juan Carlos Escotet en la subasta. Lo que no se sabía era a partir de qué cantidades empezarían a contar esas garantías públicas, con una cobertura del 85%. "La responsabilidad del banco derivada de la comercialización de híbridos que se determine en sentencia judicial firme -concreta NCG en su informe de 2013-, en la medida que el importe conjunto y acumulado de dicha responsabilidad exceda la provisión registrada en el ejercicio de 2013". Es decir, los 154 millones.

El paraguas del FROB que acompaña a la venta de la todavía nacionalizada llega incluyen "las cantidades" que podrían desembolsarse a "determinadas compañías de seguros" por arbitrajes actuales o futuros ante la rescisión de contratos motivada por el cambio de control. Una está en marcha. La de Aviva, que reclama 430 millones de euros por la ruptura del negocio que mantenía con Caixa Galicia. El pasado 25 de marzo "las partes formularon sus conclusiones, escritas y verbales, sobre las pretensiones debatidas y las pruebas practicadas en el mismo".

NCG, en opinión de sus administradores y asesores legales, sostiene que "no se ha producido incumplimiento" del acuerdo y que la entrada del FROB no "no impide cumplir los compromisos establecidos" con la compañía. Aún así, la entidad minimiza el golpe si la resolución implica la recompra del 50% de la sociedad a medias. La posibilidad de un "quebranto patrimonial" es "muy remoto", porque, además de las garantías otorgadas por el FROB, hay que tener en cuenta "los valores de mercado y patrimoniales de los elementos implicados en la transacción". Lo que apunta a que NCG exigirá una tasación actualizada de los precios en caso de que el laudo no sea positivo.

Por delante quedan también cinco demandas de los empresarios exaccionistas por la operación acordeón que provocó la reducción a cero de su participación. Están la mayoría. Incluidos los grandes, como Manuel Jove, Gadisa, Coren, Estrella Galicia o Hierros Añón. La reclamación asciende a 66 millones, de los 71 que reunían entre todos. En el caso de Añón -que por sí solo tenía 25 millones- la vista serán los días 10 y 11 de julio.