A falta solo de pequeños detalles y la previsión de llevarla a la Audiencia Nacional esta misma semana, la CIG ultima la primera querella criminal contra los directivos de las antiguas cajas gallegas y de su banco heredero por la emisión y comercialización de las preferentes y deuda subordinada. De momento, el sindicato y sus asesores legales identificaron a 79 ex altos cargos, a los que se les atribuyen los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas. La demanda incorpora a los miembros del consejo, comisión de control y comité de dirección -donde están los principales responsables de las áreas de negocio- desde 2003, incluidos los integrantes de todos estos órganos tras la nacionalización y segregación de activos a NCG. Aunque el lanzamiento de los productos es anterior, la Comisión Nacional de Valores (CNMV) detectó que la problemática llegó, al menos, hasta el primer trimestre de 2012 con colocaciones de títulos a nuevos afectados para aliviar el problema a otros.

Desde la CIG admiten que la admisión a trámite de una querella muy parecida en el caso de Bankia despeja definitivamente la puerta a que la Audiencia Nacional revise también la "tremenda estafa" de las ventas en Galicia. "Hubo una estrategi organizada y perfectamente pensada de comercialización a personas para las que no estaban pensados los productos", aseguran los abogados Guillermo Presa y Xan Díaz.

Clodomiro Montero, portavoz del sindicato en el sector, recuerda los informes de supervisión del Banco de España publicados por FARO que alertaban que en 2009 Caixa Galicia estaba prácticamente quebrada como prueba de que cuando se emitieron los títulos pudo haber engaño. "Esto tiene también una óptica laboral para dejar claro que los trabajadores no fuimos culpables", defiende.