La suya fue una de las reclamaciones más cuantiosas en estos dos años que van de polémica alrededor de los complejos productos financieros emitidos durante la época de bonanza y que explotaron con la crisis, especialmente en el caso de las preferentes y la deuda subordinada. Un matrimonio de jubilados de Vigo llevó al Santander a los tribunales para recuperar hasta 1,7 millones de euros de tres operaciones diferentes. De la colocación de 500.000 en productos estructurados, otros 755.000 euros en los conocidos Valores Santander -obligaciones convertibles necesariamente en acciones al cabo de cinco años- y 500.000 euros más en participaciones de SOS Cuétara. Porque los lanzamientos de deuda no fueron exclusivos de las entidades financieras, aunque también es cierto que la comercialización al cliente vino en la mayoría de los casos desde la ventanilla de un banco. La juez de Primera Instancia número 6 de la ciudad acaba de darles la razón en parte, con la orden de devolución de un millón de euros.

La sentencia reconoce la "mala praxis bancaria" en dos de las ventas y declara su nulidad. Por un lado, en las preferentes de SOS Cuétara, una empresa en declive que acabó con su antigua cúpula, los hermanos Salázar, en los tribunales. Durante los últimos meses han sido constantes los fallos -y la confirmación desde la Audiencia Provincial de Pontevedra- a favor de clientes gallegos que contaban también con participaciones en la alimentaria a través del primer banco español. La pareja de Vigo logra también tumbar el contrato con medio millón en estructurados autocancelables, que son productos que tienen vinculada su rentabilidad, e incluso la devolución del capital, al comportamiento de acciones de empresas. En ambos casos, la juez mantiene que los demandantes no contaban con la información suficiente para entender lo que firmaban, según asegura el abogado de la pareja, José Ramón Alén, especialista en Derecho Financiero y Tributario.

Para los 755.000 euros en Valores Santander, en cambio, la sentencia no anula la venta al considerar que no se trata de un producto complicado y las acciones de una entidad -que los afectados conservan- son "de general conocimiento". Porque en esa emisión, que llegó a alcanzar los 7.000 millones de euros, las obligaciones acababan transformándose en capital normal del banco. Lo que no evitó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionara al grupo presidido por Emilio Botín con 17 millones de euros el pasado mes de febrero por dos infracciones muy graves, según publicó el BOE, por no disponer de la información necesaria sobre los clientes cuando suscribieron los valores y por no gestionar adecuadamente los conflictos de interés entre su beneficio y el perjuicio de los titulares.

Durante la vista celebrada a fnales de febrero, el abogado del matrimonio insistió que ninguno de ellos contaba con "conocimientos ni información suficiente para valorar los riesgos que contrarían". El Santander defendió que los tenedores recibieron asesoramiento especializado y cobraron los dividendos de los títulos.