Las infracciones a centros que prestan servicios sociales se incrementan un 58% en un año

Traballo detectó irregularidades en 17 entidades que ofrecen atención a mayores y niños - Las multas sumaron 312.000 euros

27.04.2014 | 01:46
Un centro de mayores. // Faro

Falta de higiene en las instalaciociones, dar un trato degradante a las personas usuarias del servicio, desatender sus necesidades o apropiarse de los bienes de los mayores internados en una residencia. Todo son infracciones que la Consellería de Traballo puede sancionar con multas de hasta 60.000 euros. El pasado año, el departamento que dirige Beatriz Mato abrió un total de 46 expedientes a centros que prestan en Galicia servicios sociales, desde guarderías a residencias de mayores. Y resolvió 27 a los que impuso multas que suman los 312.154 euros. El resto de expedientes están pendientes aún de diversos trámites o alegaciones que podrían concluirse este año.

Las 27 infracciones detectadas en 2013 superan a las registradas el año anterior -un 58 por ciento más-.

Doce de estos expedientes sancionadores se abrieron a escuelas infantiles, ocho a viviendas comunitarias, cinco a programas de ayuda en el hogar, una a un hogar residencial y otra a una minirresidencia.

A cada uno de estos centros o empresas prestadoras de servicios sociales se les sancionó por una o varias infracciones. De hecho, estos 27 expedientes sancionadores que se resolvieron en 2013 esconden siete irregularidades muy graves, 45 graves y solo cuatro leves. En el caso de la minirresidencia sancionada, por ejemplo, los inspectores hallaron cinco infracciones graves y una muy grave.

En todo caso, la sanción más alta se impuso a una empresa de Pontevedra que desarrolla un programa de ayuda en el hogar para mayores. La Xunta le impuso una multa de 34.000 euros. Según informa la Consellería de Traballo, entre las infraccions que cometió están la de "desatender las necesidades básicas de atención o de evaluación y seguimiento de las personas usuarias".

Pero además esta empresa incumplió "con carácter formal" la normativa de servicios sociales y carecía de las correspondientes autorizaciones administrativas para funcionar. Como agravante hubo obstrucción a la labor inspectora y además la Xunta determinó que había ocasionado "daños o perjuicios de difícil o imposible reparación para las personas usuarias".

El departamento de Beatriz Mato recuerda que las infracciones muy graves son penadas con multas que oscilan entre los 15.000 y los 60.000 euros. De esta manera se sanciona, por ejemplo, atar a los mayores o prestar servicios de forma clandestina.

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