La Xunta trató ayer de elevar la presión sobre la Agencia Tributaria para que frene las sanciones a los emigrantes retornados que no declararon las pensiones recibidas por su trabajo en el extranjero. Aunque ya había mediado ante el Ministerio de Hacienda para frenar las multas, este no le ha hecho caso y tiene en su punto de mira a 11.000 gallegos por no tributar las pensiones procedentes de otros países. Por ello, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que enviarán de nuevo al departamento de Cristóbal Montoro otra misiva para plasmar sus demandas y recordarle que "el hecho de que antes no se cobrasen impuestos no es responsabilidad solo de los emigrantes, también de la administración".

Hasta ahora los emigrantes retornados no declaraban esa jubilación extra por su años fuera y nadie se lo exigía. Pero la crisis y el celo que ha puesto la Agencia Tributaria para evitar que cualquier ingreso escape a su control provocó que colocasen su lupa sobre este colectivo. En concreto, han comenzado a analizar el año 2008 -por lo que el conflicto podría agravarse al ir analizando los sucesivos ejercicios-. Según los datos ofrecidos por el ministerio a la Consellería de Facenda, 11.000 de los 33.000 pensionistas tendrían aún cuentas pendientes y se enfrentan a sanciones medias de 274 euros y liquidaciones de otros 603.

Tras la reunión semanal de su Consello, Feijóo se mostró "a favor de que todos los ciudadanos paguen impuestos", pero matizó que "no hay ánimo defraudatorio en los emigrantes gallegos", a los que nunca se reclamó el pago de tributos. Por ello, enviará una carta a Hacienda para que les de más plazo a este colectivo para ponerse al día con sus obligaciones, aceptar las solicitudes de pago fraccionado y eliminar las multas por saldar cuentas fuera de plazo. "Se lo reiteraremos al Ministerio", anunció.

Horas después, decenas de emigrantes afectados -200 según los convocantes- se manifestaron en Lugo para protestar contra esas sanciones. Digna Lagarón, una de las portavoces, declaró a Efe que acudieron a la concentración afectados de A Mariña, Monforte, Ferrol, A Coruña y la comarca de Bergantiños. "Se trata de protestar", indicó, pero también de exigir "un cambio en esa ley discriminatoria" que obliga a los emigrantes retornados a tributar por las pensiones que perciben del extranjero "a partir de los 11.500 euros", cuando "aquí lo hacen a partir de 22.500 euros".

Este conflicto fue llevado a Bruselas por el BNG, que a través de la su diputada Ana Miranda insta a la Eurocámara a pronunciarse sobre la "legalidad" de las sanciones que está imponiendo la Agencia Tributaria al colectivo.

La reunión semanal del Consello también sirvió para aprobar dos medidas dentro del Plan de Emprego Xuvenil. Por un lado, se destinarán 4,3 millones a la formación de 1.125 menores de 30 años con baja cualificación para que logren "formación básica", expuso Feijóo. Por otro, otros 1,9 millones financiarán 500 becas de prácticas en empresas para recién titulados menores de 25 años sin experiencia laboral. Los beneficiarios recibirán el 80% del iprem -fijado en 532 euros mensuales- si su formación dura menos de cuatro horas y el 100% si superan ese período. La administración financiará el 75% del iprem de cada beca.

El presidente de la Xunta aprovechó la rueda de prensa posterior al Consello para referirse también a la polémica sobre la emigración juvenil que el BNG denunció en el Parlamento. "No tenemos un problema de emigración de jóvenes, sí tenemos un problema demográfico", explicó, culpando de la pérdida de 27.000 jóvenes de entre 15 y 34 años, a que gran parte ha crecido y pasado a la franja de 35 años y carece de relevo. "Arrastramos el bajón demográfico entre 1979 y 1997 donde los nacimientos cayeron", alegó.

Además, eludió referirse al rifirrafe entre los populares Pilar Rojo y Pedro Puy. "Es la presidenta de todos los diputados y él, un portavoz excelente".