De Lara investiga si el marido de Prado se valió de su relación para obtener contratos

La juez indaga la venta de material textil de su empresa a los concellos de Santiago y Boqueixón - La portavoz del PPdeG defiende que "nunca" intercedió por su esposo

25.04.2014 | 01:42
Paula Prado. // Xoán Álvarez

La juez Pilar de Lara, instructora de la Pokemon, investiga al marido de la portavoz del PPdeG, Paula Prado, por haber presuntamente obtenido beneficios en su negocio "prevaliéndose de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos coruñeses de Santiago y Boqueixón.

Así consta en un auto con fecha de 23 de abril de 2014, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza apunta que de las diligencias practicadas, consistentes en informes de Vigilancia Aduanera e intervenciones telefónicas, "se infiere, al menos indiciariamente" esa actividad.

Paula Prado reconoció ayer que la juez le requirió ayer documentación relativa a la actividad profesional de su marido, Francisco Antonio O.I., pero aclaró que "nunca" intercedió por él ni por ninguna de las empresas para las que trabajó. "Su actividad siempre estuvo al margen de mi condición como dirigente del Partido Popular", aseguró. "Y por su puesto nunca realicé pedido alguno usando mis responsabilidades pública y nunca voté a favor de que ninguna institución en la que yo tuviese presencia le solicitase material de ningún tipo", añadió.

El auto dictado por la juez determina, sin embargo, que Francisco Antonio O.I., "prevaliéndose de su relación matrimonial con Paula Prado del Río, exconcejala del Ayuntamiento de Santiago habría obtenido beneficios económicos en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos al Ayuntamiento de Santiago y al de Boqueixón".

Además, añade que para ello, utilizaba igualmente "las influencias de otros concejales", tales como Ángel Luis Espadas Diez, quien fuera jefe de gabinete del Ayuntamiento de Santiago con Gerardo Conde Roa como alcalde; el actual edil de Deportes, Adrián Varela; y el exconcejal Albino Vázquez Aldrey.

"A fin de no involucrar su nombre como proveedor, habría utilizado a terceros intermediarios y facturado por medio de personas interpuestas", añade la instructora.

Además, la jueza señala que en estos hechos "también habrían participado Alberto Quintana Vilarelle", delegado y responsable de la empresa Sermasa, del Grupo Vendex, en su Delegación de Santiago de Compostela; "la empresa Aquagest", llamada ahora Viaqua Gest. Int. Aguas de Galicia SAU.

Añade Pilar de Lara que la empresa Aquagest "tenía un elevado interés en que, tras la marcha de Gerardo Conde Roa, fuera Paula Prado su sucesora".

No obstante, la jueza puntualiza que "estos datos indiciarios" que "podrían determinar la presunta comisión de un delito de trafico de influencias y falsedad documental", por la "posible emisión de facturas falsas a los ayuntamientos investigados", necesitan "ser corroborados".

Para ello, la jueza ha solicitado a Francisco Antonio O.I. que "facilite de inmediato" a Vigilancia Aduanera "copia de los libros o relaciones informáticas de las facturas y las facturas originales del año 2011 y 2012 tanto emitidas como recibidas".

También requiere a Frandan Moda S.L., firma vinculada al marido de Paula Prado, para que "facilite de inmediato copia de los libros o relaciones informáticas de las facturas, así como las facturas originales del año 2011 y 2012, tanto emitidas como recibidas".

Asimismo, también requirió documentación y facturas vinculadas al marido de Paula Prado al empresario dedicado al por mayor de textiles José María R.F. , a la empresa Aquagest Promoc TEC, a Servicios Materiales y a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.

Paula Prado explicó que su marido trabajó en la empresa familiar y después como agente comercial para varias empresas textiles. La portavoz del PPdeG aclaró que fue proveedor de la Xunta durante el Gobierno bipartito, "pero nunca en mandatos del PP". En todo caso, advierte que recibió encargos de instituciones públicas gobernadas por diferentes partidos, pero niega que ella beneficiara a su marido en estos contratos.

Prado aprovechó además para referirse por primera vez a las revelaciones del sumario de la Pokemon en las que Aduanas apunta que la entonces concejal de Santiago colocó a "recomendados" y alteró una factura de un espectáculo teatral. Según destaca, fue llamada a declarar como "testigo" y en su comparecencia ante la juez "aclaró todas las cuestiones que le pudieron ser interpretadas de una forma errónea". La portavoz del PPdeG se muestra tajante al advertir que "nunca alteró el precio de un contrato con una institución pública". Además defiende que en todos sus cargos públicos fue y será "absolutamente respetuosa con la legalidad".

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