El sindicato Unións Agrarias (UU.AA) amenaza con llevar ante la "justicia ordinaria" a aquellos "responsables políticos y funcionarios" que, "a sabiendas de que se está incumpliendo" la normativa que regula el sector lácteo, no han abierto "ni un solo expediente" a las industrias que no firman contratos con los productores y anuncian bajadas de precio de forma unilateral.

Lo anunció hoy, en declaraciones a EFE, el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, después de ofrecer una rueda de prensa en Lugo para denunciar que las industrias del sector están incumpliendo la obligación de firmar contratos con los productores y de negociar precios.

"Venimos a constatar un hecho que veníamos anticipando a lo largo de este año. Mientras otros eran triunfalistas y se colocaban medallas, porque decían que el incremento de precio tenía que ver con las medidas legislativas y de gobierno que se habían tomado, nosotros decíamos que el incremento de precio tenía que ver más con el mercado internacional", precisó.

Según Roberto García, con la llegada de "una nueva primavera" y la "entrada de unas cisternas de leche de fuera", se produce "lo mismo que se venía produciendo en los últimos años", porque "la industria toma la decisión unilateral de bajar los precios" en origen.

A su juicio, las empresas lácteas están "incumpliendo la normativa existente", que obliga a las industrias "a firmar contratos a doce meses, a negociar precios y a indexarlos".

"No se negocia, ni se firman contratos", dijo García, porque "llevamos un mes en el que no hay un solo contrato presentado y, por lo tanto, se produce una clara situación de ilegalidad en la recogida de la leche" en las explotaciones gallegas.

El portavoz sindical subrayó que esta situación se produce con el "consentimiento expreso del propio Gobierno", que "no abrió un solo expediente por esa situación".

"Parece evidente que es necesario reformar la normativa", dijo García, para introducir "sanciones" como la "la retirada de licencia de primer comprador" a "aquellos que incumplan los contratos".

Desde su punto de vista, los productores tienen que exigir al Gobierno "que haga cumplir la ley", porque de otra forma, el sindicato se verá obligado a "recurrir a la Justicia ordinaria" frente "a aquellos responsables políticos y funcionarios que, a sabiendas de que se está incumpliendo la ley, no hacen nada ni abren un solo expediente".