"Las facturas recibidas siguen reflejando las mismas prácticas administrativas que las denunciadas desde el año 2009". Los contratados con asistencias técnicas "realizan funciones en las propias dependencias municipales y sin aportar medios materiales propios". Meses después de que, según sus propias palabras, el alcalde de Ourense ordenara cesar las contrataciones externas, el interventor municipal formuló reparos suspensivos al pago de facturas, por importe de unos 2.000 euros al mes, que el regidor levantó por decreto. Al igual que previamente hizo su antecesor, Francisco Rodríguez.

Agustín Fernández reconoció ayer al juez que conocía el contenido de sus reparos, si bien los levantó con informe de los técnicos letrados.

El regidor declaró al magistrado que "dio orden estricta al recibir el primer reparo en enero de 2013" para sustituir las asistencias por personal estable. Pero hay informes del interventor de septiembre de 2013, posteriores a su decreto y también al pleno de agosto de ese año en el que el alcalde anunció que había ordenado frenarlas.

El funcionario, el primero al que el juez llamó a declarar en esta investigación, hizo avisos específicos al actual regidor. Le informaba en sus informes de las "recientes" sentencias en contra del Concello "por las que se declaran y reconocen relaciones laborales de carácter indefinido, con base en actuaciones administrativas irregulares, dado que se simulan la existencia de contratos de asistencia técnica donde concurre una relación laboral en fraude de ley".