Pocos días después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusara a las gasolineras de pactar precios en Galicia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido ampliar el expediente sancionador que abrió el pasado 29 de julio de 2013 a varios operadores de productos petrolíferos (Repsol, Cepsa y BP) a cinco empresas independientes propietarias de estaciones de servicio, entre las que se encuentran dos firmas del grupo Leche Río -propiedad de Jesús Lence- que cuentan con un total de ocho gasolineras en Lugo.

Estos surtidores están bajo la titularidad de las empresas Lence Torres y Complejo de San Cristóbal, ambas propiedad de Jesús Lence. La primera cuenta con cinco gasolineras en Lugo y la otra con otras tres en esta misma provincia. Todas operan en Galicia bajo la franquicia de Repsol.

A mayores Competencia también investigará por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" a otras tres empresas: Cerro de la Cabaña S.L., Estación de Servicio Macar S.A. y, por último, la Estación de Servicio Lorqui S.L.

La CNMC inició de oficio una investigación sobre la posibilidad de que las gasolineras pactaran precios y realizó varias inspecciones en las sedes de cinco operadoras, así como en la asociación principal del sector entre mayo y julio del pasado año.

Como resultado de estos controles Competencia abrió finalmente expediente sancionador contra Repsol, Cepsa y BP por posibles conductas anticompetitivas basadas en la coordinación de los precios entre los distintos operadores así como con los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustibles.

Analizada toda la documentación que obra en poder de la CNMC, este órgano ha determinado que existen "indicios racionales de que la conducta" de pacto de precios "se habría extendido también a los empresarios independientes" a través de los que operan estas tres grandes petrolíferas.