El alcalde de Ourense ya es uno de los políticos que declara como imputado ante un juez. Agustín Fernández (PSdeG) fue interrogado ayer, el mismo día que su antecesor, Francisco Rodríguez, y que la edil de Urbanismo, Áurea Soto, por la reiteración de contratos a dedo de profesionales externos que acabaron con puesto fijo en el Concello. Arquitectos a los que su reiterada facturación usando medios, horarios y dependencias municipales los consolidó en plantilla. El gobierno optó por readmitirlos frente a la alternativa de una indemnización que establecían sentencias laborales. El juez de Instrucción, Leonardo Álvarez, averigua si Agustín Fernández, Francisco Rodríguez y Áurea Soto prevaricaron.
En su propia defensa, los tres imputados del PSOE desviaron responsabilidades a sus exsocios del BNG. Según dijeron, el área de Rehabilitación que requería las asistencias denunciadas, dependió de ediles nacionalistas desde el inicio de los contratos -sin que hubiera reparos de interventor y asesor jurídico jefe en la junta de gobierno que los validó, aducen- hasta el final de 2012, cuando la Pokemon rompió el bipartito y causó la dimisión del exalcalde.
Los sindicatos USO y CIG judicializaron el caso por presuntos delitos prevaricación y malversación de fondos porque, supuestamente, los beneficiarios ingresaron con categoría y salarios superiores a los de sus sentencias de despido.
El regidor fue el último en declarar. Admitió que conocía las ilegalidades que el interventor advirtió en sucesivos reparos desde la época de Francisco Rodríguez. Pero Fernández dice que decretó cambiar el sistema poco después de tomar posesión para que las necesidades de personal en Urbanismo -una queja recurrente de la edil-, se cubrieran con listas de interinos. No se optó con anterioridad por esa vía por los decretos restrictivos del Gobierno para atajar el déficit.
El alcalde sostuvo ante el juez que dio una "orden estricta, clara y contundente" después de que recibiera el primer reparo. Dictó un decreto en mayo de 2013. Ese mes el gobierno rechazó una propuesta del PP para regular las asistencias y evitar el fraude de ley. A finales de 2013, con todo, el interventor siguió reparando y el regidor volvió a levantar los informes por decreto. Agustín Fernández adujo que autorizó los pagos para evitar demandas una vez que el trabajo había sido realizado. Como el exregidor y Áurea Soto, no supo aclarar por qué cada mes los profesionales ajenos facturaban un importe, más o menos fijo, de 2.000 euros.
A su llegada al juzgado, el munícipe defendió ante la prensa la "estricta legalidad" de una modalidad de contratos "muy habitual" en las administraciones y puso como ejemplo a la Xunta, que que, precisó, medio millar de trabajadores fueron readmitidos tras sentencias laborales.
El regidor culpó a la oposición de "instrumentar a la justicia para intentar derribar a un gobierno" y desacreditó a uno de los denunciantes de su primer causa, el funcionario que representa a la CIG, Javier García Gago y está alineado con los ediles díscolos. Fernández cree que fue a la vía penal para poder recusarlos en el marco de su reclamación de compatibilidad que fue denegada.
El exalcalde Francisco Rodríguez dice que levantó reparos siguiendo informes técnicos, por regla general. El exalcalde solo conocía, declaró, a uno de los cinco colocados. Según dijo, desconocía por qué esos profesionales externos, y no otros, eran los elegidos para las asistencias técnicas.
