El Gobierno ha querido dejar claro que un ciudadano no tiene "derecho" a exigir a la Administración central que se dirija a él en su lengua cooficial y que ésta solo puede emplearse ante la Administración cuando su sede esté ubicada en una comunidad bilingüe.
Se trata de unas "consideraciones" sobre el uso de lenguas cooficiales que el Ejecutivo ha remitido a las diputadas del BNG Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez que se quejaban del uso exclusivo del castellano en el procedimiento de concesión de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores.
En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que el castellano es el lenguaje común a todo el Estado español, y por tanto es el idioma utilizado para tramitar los procedimientos de la Administración General del Estado, mientras que la lengua cooficial sólo lo es en la comunidad autónoma donde esté reconocida como tal. Así lo ha respondido a una pregunta del BNG de Olaia Fernández y Rosana Pérez.
