El alcalde de Ourense confesó ayer en el pleno que "ya vivía" en su casa "antes de tener la licencia de ocupación", permiso del que careció más de 13 años. Para el PPdeG, es una "nueva y grave irregularidad", ya que denunció que durante ese tiempo el regidor no pagó el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). Hasta tres veces le preguntó el portavoz del PP, Rosendo Fernández, si pagó el citado impuesto "antes de 2006", pero no obtuvo respuesta del alcalde socialista.

La revelación trascendió en la sesión plenaria en la que se aprobó exigir la dimisión del alcalde, con los votos a favor de PP (11) y Democracia Ourensana (2), y en contra 10 de los 11 ediles socialistas. Mónica Vázquez, del grupo crítico con el regidor, justificó su ausencia por motivos profesionales. Tampoco acudieron los tres ediles del BNG, que explicaron que ya habían pedido la reprobación del alcale y no querían ser coprotagonistas de "un circo".

La sesión fue convocada a petición de los populares para debatir las supuestas irregularidades de las obras de urbanización de la calle donde tiene su residencia el regidor.

Agustín Fernández no estaba en política cuando cometió la irregularidad de vivir en su casa sin licencia municipal, pero al PPdeG le da igual y sostiene que como inspector de Hacienda que es, debería ser conocedor de que no estaba cumpliendo con los deberes tributarios con el Concello, en este caso abonando el correspodiente impuesto.

El alcalde replicó a las críticas de la oposición y a la petición de dimisión, asegurando: "No me van echar" del cargo. También advirtió de que es una "pieza peligrosa, que cuando se siente acorralada puede llevar a que el cazado sea el cazador".

En un debate especialmente bronco, marcado por las acusaciones reciprocas entre el alcalde y el portavoz del grupo del PP, Rosendo Fernández, que tuvieron como eje central las obras de urbanización de la calles donde reside Agustín Fernández, que finalmente se incluyeron en el Plan E, así como la devolución del aval que como propietario tenía, por algo más de 10.000 euros, llegó a su grado máximo cuando el pleno estaba a punto de concluir.

En ese momento, un alcalde especialmente nervioso, que pretendía levantar la sesión sin proceder a la votación sobre la petición de dimisión, lanzó una dura y contundente amenaza, con "un aviso a navegantes", dirigido a las "alimañas políticas y a sus esbirros": "Si siguen metiéndose en asuntos de mi familia, que Dios los coja confesados".

Con anterioridad, el portavoz de los populares puso encima de la mesa argumentos que intenban apuntalar la denuncia presentada en su momento ante la Fiscalía, y sobre todo en los escritos presentados por Agustín Fernández, con el compromisos de pagar su parte de los gastos de urbanización, así como otro en el que consideraba innecesarias esas obras, todo eso antes de que la Junta de Gobierno Local, de la que era miembro el ahora regidor, que era edil de Hacienda, aprobase con su voto que se ejecutase con fondos del Estado,.