"Ésta vez la denuncia es mía; y además es cierta". El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, formalizó ayer una querella ante la Fiscalía por lo que considera un "hecho gravísimo": presuntos delitos de falsedad en documento público y suplantación de un vecino, en relación al conflicto suscitado con las obras de urbanización de la calle donde tiene su residencia.

El regidor fue denunciado por el PP por presunto tráfico de influencias, malversación de fondos y prevaricación al votar en una junta de gobierno a favor de urbanizar la calle donde vive con cargo a fondos del Plan E.

Según Agustín Fernández, el expediente relacionado con las obras en su calle "resucitó" tras el escrito de un vecino suyo que solicitaba que le devolvieran el aval depositado para acometer la urbanización de la vía puesto que finalmente se realizó con fondos estatales del Plan - y alegaba que ya se lo habían reintegrado al propio Agustín Fernández y a otro propietario.

Sin embargo, tal y como ayer el explicó el regidor ourensano, el mencionado vecino, en una comparecencia que tuvo lugar el pasado martes 8 de abril, en la Concejalía de Urbanismo, y en la que estuvieron presentes su responsable, Áurea Soto, técnicos, jurídicos y personal del servicio municipal, negaba que presentase el mencionado escrito y que la firma que aparecía no era la suya. También negó haber apelado al argumento del "principio de igual", en relación a los otros dos casos en que se procedió a la devolución del aval para la urbanización.

Agustín Fernández apuntó al grupo del Partido Popular y, en concreto, a su portavoz, Rosendo Fernández, por una supuesta "colaboración o instigación" en todo el asunto, aunque de inmediato aclaró: "No los acuso directamente porque no tengo pruebas".

En opinión del alcalde, el escrito del vecino se instrumentalizó para "reactivar" su expediente, ya que el documento se convirtió en un elemento clave para "reabrir" el caso. Según recordó, fue dos años después que un técnico municipal solicitó ese expediente, y es cuando se "filtran" datos. "El objetivo era desprestigiarme personal, política y profesionalmente", denunció.

La urbanización de las aceras de su casa derivó en un informe de fiscalización por parte de la Intervención municipal que es concluyente, en el sentido de que insta al actual regidor a devolver entorno a 28.000 euros.

Ante estos hechos, la petición pública que realizó ayer el alcalde fue de lo más concreta: "que el fiscal y los tribunales investiguen hasta sus últimas consecuencias", sobre todo para conocer los autores de los presuntos delitos que denuncia, así como "los colaboradores e instigadores" del mismo.

Otra de las cuestiones sobre las que se pronunció Agustín Fernández es la relacionada con el sello de registro de entrada del escrito del vecino en cuestión, y que sostiene que "es falso", en abril de 2011, y que llevaría a que desde ese mismo momento se estuviese preparando lo que sostiene es "una conspiración" contra él. También reconoce que, según la información de la que dispone, no se identificó a la persona que presentó el escrito, y que será objeto de la investigación que reclama lleve a cabo la Fiscalía.

En cuanto a su caso particular, y especialmente la que califica de "misteriosa resolución administrativa" del órgano fiscalizado, la Intervención municipal, que cuestiona se "realice ahora y no antes", cuando se acordó la devolución del aval, el alcalde anunció que "en ningún caso" presentará alegación alguna en el ámbito administrativo municipal, por lo que acatará la resolución, que en estos momentos pasa por abonar los casi 28.000 euros.

Pero, eso sí, proclama su intención de recurrir por la vía Contencioso-Administrativo los costes de la urbanización de la calle donde tiene su vivienda unifamiliar, esgrimiendo que "en los últimos años nadie la pago".