A las puertas de la sede del FROB, justo antes de la cita con su director general, los cinco representantes de la coordinadora de plataformas de afectados por las preferentes y deuda subordinada convocados para analizar la situación se preguntaban "el margen y la voluntad" que realmente hay para alcanzar una solución. La cuestión que resume su larga lista de interrogantes, incluidos los plazos, el número de tenedores a los que llegará, con qué fondos y de qué manera. Dos horas después de sentarse a hablar con Antonio Carrascosa, el resultado fue "el esperable". "En la línea de las buenas palabras, pero sin más", asegura Xesús Domínguez, de la agrupación de Santiago. El organismo insiste en la "prudencia" y en que trabaja en una salida a la recuperación del dinero, pero con la advertencia, según los portavoces que acudieron al encuentro, de que existen "limitaciones" y que es "complicado" alcanzar al 100% de los clientes atrapados, alrededor de 35.000, con 500 millones.

"Lo que le propusimos no requiere dinero, basta con cambiar el real decreto (en referencia a la normativa que carga sobre estos títulos parte del saneamiento de una entidad rescatada) que nos convirtió en inversores y que vuelvan a poner los ahorros a nuestro nombre -apunta Xulio Vicente-. Que exista voluntad política de salvar a los ciudadanos y no a las entidades". El integrante de la plataforma de Baixo Miño recuerda que la vía judicial supone "un coste adicional para todos". Los afectados deben abonar tasas y abogados. Con fondos públicos, la otra parte está asumiendo las costas. Y los recursos. "Con nuestro dinero", enfatiza Vicente. "Es que hay casos como uno en Nigrán donde el responsable de la sucursal admitió que en ningún momento se informó adecuadamente del producto, ¡y NCG recurrió la sentencia porque las grabaciones del juicio no eran suficientemente claras!", critica.

En eso precisamente dieron vueltas el director general del FROB y los representantes de los afectados. En el resultado de los juicios. Carrascosa, según los portavoces de las plataformas, llamó la atención en que frente al 99% de las sentencias a favor de clientes en Galicia, en otras nacionalizadas con los mismos problemas, los veredictos contra las entidades rondan el 70%. "Esto es lógico porque la estafa es masiva", recrimina Vicente.

Bajo el brazo, los cinco representantes llevaron una hoja de ruta posible a seguir. Tras denunciar "la arbitrariedad del arbitraje", que dejó fuera peticiones idénticas a otras que sí consiguieron ir a Consumo, los portavoces suman a los 324 millones de euros que el FROB dispone para contingencias en el contrato de venta a Banesco -representativas del 85% de los fallos posibles-, los "esfuerzos" que pueden aportar los nuevos dueños de NCG y una partida presupuestaria a cargo del Estado. "Hay que diferenciar los minoristas de los mayoristas, que son realmente pocos", explica Xesús Domínguez. "Y agilizar -continúa- las devoluciones".

A Carrascosa, al igual que a Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, les agradecen las reuniones mantenidas. "Algo que ni el ministro De Guindos ni el presidente de la Xunta", reprochan los portavoces, que inciden en que están "hartos" del "engaño", tras las promesas de que arbitraje arreglaría la totalidad de los casos.