Inspectores de Medio Ambiente peinan desde marzo los centros de restauración en Galicia para descubrir a empresas o particulares que recogen su aceite usado de forma irregular e incluso puedan haber utilizado el negocio del reciclaje de residuos vegetales para blanquear capitales. La investigación por parte de la Xunta, adelantada ayer por este periódico y que comenzó a finales del año pasado tras las denuncias del sector por la mala gestión y la intromisión de compañías no autorizadas para la recogida, transporte y gestión de aceite usado, se centra en la ciudad de A Coruña y su área metropolitana. El fraude podría alcanzar los dos millones de euros.
Las indagaciones realizadas hasta el momento ya han dado sus frutos: a cuatro empresas se les ha abierto expediente sancionador y se les ha paralizado su actividad, según confirmó ayer la Consellería de Medio Ambiente. Además, a los hosteleros se les informa de la ilegalidad que supone la entrega de estos residuos a empresas piratas o personas no autorizadas y se les explica cómo acceder al listado de firmas.
En tan solo un mes la Secretaría Xeral del Calidade e Avaliación Ambiental, en colaboración con la Policía Autonómica, llevó a cabo unas 200 inspecciones en centros de restauración colectiva -restaurantes, comedores escolares, centro de la tercera edad, comedores sociales, centros comerciales donde sirven comidas y locales de comida rápida- y diez empresas que transportan o gestionan aceites usados.
Las inspecciones han sacado a la luz prácticas irregulares, ya que algunas firmas carecen de autorización para realizar la actividad que están llevando a cabo. Algunos transportistas con permiso para recoger aceites vegetales, también se dedican a su almacenamiento o valorización sin licencia. Además, también han constatado que algunas empresas llevan los residuos a Portugal o a comunidades como Cataluña sin autorización.
Desde el sector, advierten que de las más de 20 empresas y autónomos que recogen aceite usado, una quincena carece de alta de actividad comercial e incluso pagan el producto en efectivo a hosteleros y también a particulares sin factura. Esto les permite alegar a Hacienda que el residuo se obtiene de forma gratuita cuando en realidad paga por el bidón de 50 litros entre 5 y 20 euros.
