El Ministerio de Fomento autorizó en diciembre de 2011 la puesta en servicio de la línea ferroviaria Ourense-Santiago (en la que el pasado 24 de julio murieron de 79 pasajeros tras descarrilar el Alvia), pero bajo la condición de que Adif corrigiese "defectos" y realizase las pruebas pendientes. Según la última documentación entregada por Adif al juzgado que investiga el accidente, el 7 de diciembre de 2010 el gestor de infraestructuras ferroviarias acredita que el tramo cumple con las condiciones exigibles en materia de seguridad, pero dos días después, en la autorización de la puesta en servicio de la línea, el Ministerio de Fomento dio cuenta de una serie de cuestiones pendientes en dos apartados: informes de adecuación de las obras a la normativa técnica aplicable y "pruebas pendientes de ejecución".
Junto a estas menciones, también hace referencia a "actuaciones pendientes de ejecución y recepción" para el caso concreto de los sistemas de control, mando y señalización de la línea -donde se incluyen el ASFA y el más avanzado ERTMS-. Según apunta el ministerio, dichas actuaciones "pendientes" tenían previsto un "anexo de reparos" y un "plan de resolución".
En el primer punto de su resolución, Fomento autoriza la puesta en servicio de la línea 082, en el segundo dar conformidad al cambio de las condiciones de explotación de la línea y en el tercero determina que "la validez de esta autorización está sujeta al cumplimiento" de una serie de "condiciones" por parte de Adif.
Hace referencia, de esta forma, a "la subsanación de los defectos recogidos en los informes acreditativos aportados" y a la realización "con resultados satisfactorios" de las pruebas "que no habían finalizado con anterioridad a la fecha de emisión de los mismos y que, según los certificados emitidos, no impiden la circulación y explotación del sistema ferroviario en la línea". Además, el Ministerio de Fomento indica que "la autorización está sujeta a los condicionantes de explotación que se derivan de las certificaciones y acreditaciones emitidas por el administrador de infraestructuras ferroviarias".
Para el caso de "la funcionalidad del ERTMS nivel 1" constan una certificación expedida por el adjudicatario de la obra" de 30 de noviembre de 2011 "suscrito por los representantes de la empresa" y otra expedida por Adif "del cumplimiento del plan de validación y verificación, correspondientes a a la aplicación específica y a la implementación física para el subsistema ERTMS N1", también de ese día, "suscrito por el director del contrato" y que, según recoge el escrito, "incluye la certificación del contratista".
Junto a los documentos entregados al juzgado, Adif adjunta unas "notas" de las direcciones de Seguridad en la Circulación y de Planificación y Gestión de Red que, solicita, deben "tomarse en consideración" en este extremo relacionado con el proceso de certificación del sistema de control-mando y señalización de la línea. A este respecto, apunta que "la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif no es la destinataria del certificado referido", que, afirma, es "otorgado por otro organismo" distinto.
Problemas con el ERTMS
Entre la documentación remitida por Adif al juez Luis Aláez figura un informe técnico emitido el 2 de diciembre de 2011 -nueve días antes de la inauguración de la línea y ocho de la firma de la resolución de Fomento-, en el que se recogen diferentes incidencias detectadas durante las pruebas del sistema ERTMS con el tren S/121 en la línea Ourense-Santiago, realizadas en el mes de noviembre de ese mismo año. En el documento se evidencian varios fallos en el sistema ERTMS, tanto en la vía como respecto al dispositivo embarcado en el tren, pero en sus conclusiones, los técnicos aseguran que "no se consideran bloqueantes para la puesta en servicio de la línea".
También hay documentos sobre la desconexión del ERTMS ya con la línea en servicio. Lo hizo Adif a petición de Renfe por los fallos que daba. El director de Mantenimiento y Explotación de Adif, Alfonso Ochoa recibió en junio de 2012 un correo del entonces director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, en el que le comunicaba "su decisión" de autorizar la desconexión por petición de Renfe, que se comprometió a resolver los problemas del dispositivo "en breve".
