"Por mí los suprimiría todos; no tiene sentido", sostiene el decano de Pontevedra

08.04.2014 | 01:16

Los jueces decanos de Pontevedra y Ourense, Miguel Aramburu y Antonio Piña, respectivamente, apoyan sin titubeos la reducción del número de personas aforadas. El más radical es Aramburu, aunque, como precisa, es una opinión personal. "Por mí suprimiría todos los aforados, no solo los autonómicos. Incluiría a diputados y senadores y al presidente del Gobierno y sus ministros. No tiene ningún sentido mantener esta figura", asegura el juez decano de Pontevedra.

No obstante, se muestra muy consciente de la complejidad de aplicar una medida así. Porque para dejar sin aforamiento a senadores, diputados y miembros del Gobierno central resultaría necesario modificar la Constitución, mientras que para los aforados autonómicos haría falta lo mismo con los estatutos.

En todo caso, Aramburu entiende que se podría discutir si se mantiene la figura del aforamiento para las causas relacionadas con la actividad propia del cargo. "Pero en principio, es mi opinión personal, suprimiría todos los aforados", sostiene.

Antonio Piña no es tan tajante como su colega. Considera que hay circunstancias en que sí es necesario al aforamiento "por el especial desempeño de su función". Pero al mismo tiempo advierte que España tiene el mayor número de aforados de Europa. "Habría que replantearse que todo el mundo tenga esa condición porque al fin y al cabo la justicia tiene que ser igual para todos y no puede parecer distinta por el mero hecho de que el investigado desempeñe determinadas funciones", asegura.

En esta línea, reprocha que las investigaciones ordinarias se tengan que paralizar en cuanto se encuentren indicios sobre una persona aforada porque se deben enviar al órgano judicial competente, que son los tribunales superiores o el Supremo. "No puedes practicar una investigación sobre un hecho en que haya un aforado, sino determinar los indicios racionales mínimos, si el hecho tiene apariencia de ser delictivo. Se tiene que limitar a determinar si existen indicios mínimos de la comisión del hecho", argumenta.

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