Entre las medidas que los jueces decanos españoles han puesto encima de la mesa para combatir la corrupción, abogaron por reducir el número de personas que tienen la consideración de aforadas, que son aquellas que por su cargo político o institucional solo pueden ser juzgadas por los tribunales superiores de justicia y que además gozan de la prerrogativa de poder declarar por escrito. Los jueces creen que en España hay demasiados cargos que disfrutan de estos "privilegios" jurídicos y, puestos a señalar, son partidarios de reducir los aforados autonómicos, un colectivo formado por los diputados de los parlamentos y los miembros de los gobiernos regionales. La propuesta ha sido recibida con diferentes matices por los partidos gallegos sobre el alcance de las prerrogativas, pero ninguno apuesta por reducir el número de personas aforadas. El PP defiende seguir con el actual sistema tal como está, sin cambios, mientras que AGE y BNG apuesta por limitar el aforamiento solo a las causas derivadas exclusivamente del ejercicio del cargo, no para los supuestos delitos cometido en el ámbito de la vida privada. El PSOE optó por no pronunciarse.
Las medidas fueron planteadas por los jueces decanos el pasado día 21 de marzo al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Pero no parecen que puedan tener mucho recorrido, porque para modificar la figura del aforamiento hacen falta reformas la Constitución y los estatutos de autonomía. Gozan de esta condición los diputados del Congreso y senadores, el presidente del Gobierno y sus ministros, los diputados autonomómicos y los gobierno regionales y también el presidente y los vocales del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Los magistrados y los fiscales del Supremo y de los tribunales superiores también son aforados, pero solo para la acciones derivadas del ejercicio de sus cargos. En el caso de Galicia, los procedimientos judiciales que puedan abrirse a personas aforadas los dirime el Tribunal Superior de Xustiza.
El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, defiende el actual modelo por su carácter "garantista". "Se trata de no alterar las mayorías parlamentarias salidas de las elecciones por acciones judiciales", argumenta el diputado popular. Sin este paraguas del aforamiento podría darse el caso, en situaciones extremas, de que un juez mandara detener a uno o varios diputados y así modificar el resultado de votaciones en el Parlamento.
"Aunque este riesgo es mínimo en la actualidad, las causas últimas persisten. Esta fórmula nació para evitar interferencias en el poder ejecutivo y en el legislativo. Es, por tanto, garantista en el sentido de preservar la independencia y el funcionamiento ordinario de los poderes del Estado", añade el portavoz parlamentario.
En cuanto al alto número de aforados que hay en España, Pedro Puy precisa que es una consecuencia directa del desarrollo del Estado Autonómico, con cámaras legislativas y poderes ejecutivos en cada región.
El PSOE guarda silencio
El PSdeG prefirió no pronunciarse ante la propuesta de los jueces decanos y remitirse a la opinión que pueda manifestar la dirección federal del partido.
AGE y BNG comparten opinión. La condición de aforado solo debe emplearse para las causas derivadas del ejercicio del cargo. "Para el resto, por supuesto que no. Solo debería servir en los supuestos de la acción como diputado. Ir más allá, por cosas de la vida privada, me parece un escándalo", dice la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz.
"Debería ser solo para el ejercicio de la acción política", sostiene también el portavoz del BNG, Francisco Joquera. El diputado nacionalista, al igual que Pedro Puy, argumenta que la figura del aforado nació para "proteger al ciudadano y para que nadie pueda intentar por subterfugios alterar la composición de la Cámara". Por ello, sí aboga por "delimitar la condición de aforado para que no se convierta en un privilegio".
