OPINIÓN

Urgencias sanitarias: pilar de la sanidad

Víctor Crespo*

07.04.2014 | 17:08

Desde hace unos días, dentro del ámbito sanitario- siempre muy sensible- se ha establecido una polémica sobre la conveniencia de penalizar a quienes "hagan mal uso" de los servicios de Urgencias para, de esa manera, descongestionar la presión asistencial que pende sobre ellos.

La polémica no nace de quienes establecen los continuos recortes que deterioran nuestra sanidad, sino que la realiza un médico que ostenta la representación de la Organización Médica Colegial que aglutina a todos los Colegios Médicos de España. Bien es cierto que cuando realiza esa "sugerencia", tenía sentada a su derecha a nuestra Ministra de Sanidad quien, a posteriori y con buen criterio, desmiente cualquier intento penalizador, lo cual nos deja cierta tranquilidad al considerar la sugerencia como una opinión personal de quien debería medir sus palabras por la representación que ostenta.

La actitud mantenida por la Sra. Ministra, demuestra poseer un mayor conocimiento de lo que suponen los Servicios de Urgencias en la estructura sanitaria, que la que tiene mi colega, y es consciente que establecer una penalización en su uso, en las circunstancias actuales, supondría traspasar una línea roja que difícilmente sería entendida por los usuarios y por los propios facultativos, ya que sería la puntilla a una asistencia sanitaria que, a pesar de los recortes, sigue funcionando satisfactoriamente.

Los Servicios de Urgencia, tal como hoy los conocemos, son de creación reciente y tal es así que en España, a diferencia de otros países, aun no hay establecida la especialidad de "Urgenciologo", por lo que la atención la cubren médicos de diversas especialidades. Los servicios de Urgencias empezaron a cobrar importancia y a medrar de forma independiente de otros servicios, desde el instante en que Constitucionalmente se reconoció que la salud es un derecho y se universalizó la sanidad pública, sin que esa universalización se acompañase del presupuesto que la habilitase y que tampoco se hizo en los añorados tiempos de bonanza. Esa habilitación suponía potenciar la Atención Primaria que, desde siempre, ha sido y es la cenicienta de nuestro sistema sanitario. Al no poder asumir esa sobrecarga de trabajo la atención primaria, el usuario utilizó y utiliza las urgencias como modo de atención rápida y dar salida así a la ansiedad que le produce la falta de solución a sus problemas a sabiendas que la posible derivación a un especialista le supone un tiempo de espera. A la Atención Hospitalaria le sucedió otro tanto, creciendo las listas de espera, que hasta ese momento eran asumibles, viéndose desbordadas por el aumento de la población asistida y Urgencias se convirtió en la puerta de entrada del hospital.

En estos momentos de crisis, las carencias de la Atención Primaria se han visto incrementadas, ya que se está aplicando una reducción de personal, cuyas consecuencias son perfectamente previsibles. Si a ello sumamos la reducción del personal en la Atención Hospitalaria y la machacona insistencia en recortar gastos de donde no se debería, es fácil entender cuales son, en realidad, las causas de la sobrecarga de las Urgencias.

Por si este razonamiento no convenciese, hay algunos más que nos hacen considerar que no debería penalizarse, y menos económicamente, a quien acuda a Urgencias.

Desde hace años se han establecido medios para establecer criterios de prioridad que en el argot médico se denomina triaje, al método de clasificación de los pacientes en base a los grados de gravedad y se aplica a quien acude a urgencias. De este modo quienes no cumplen criterios de gravedad, esperan el tiempo que se precise mientras se atiende a quienes si los cumplen, siendo esto una penalización en si misma. Por otro lado, lo que verdaderamente preocupa a los Médicos de Urgencias no es quien viene por algo banal, sino quien espera hasta el último minuto y se presenta en una situación precaria, ya que esa situación suele exigir una dedicación muy precisa y la utilización de medios sofisticados para solventarla. Si se aplica algún criterio de pago o existe una posibilidad de penalización, quienes tengan posibilidad de afrontarla, seguirán acudiendo a Urgencias por su propio criterio. Por el contrario, quienes teman afrontar esa penalización, esperarán hasta limites insospechados y acudirán en situaciones extremas que obligará a dedicarle un mayor tiempo asistencial y recursos, con el consiguiente aumento del gasto, bien sea por la mayor necesidad de pruebas diagnosticas, como por la posibilidad del aumento de las estancias de hospitalización.

Sin embargo si hay algo que podría suponer una mejora asistencial y que parece escapar de la comprensión de los políticos que gestionan nuestra sanidad, quizá porque sus resultados se verían a largo plazo y ellos quieren resultados rápidos con réditos electorales. Se trata de empezar a impartir educación sanitaria en los centros de enseñanza. La educación viaria ya ha demostrado buenos resultados. La sanitaria también lo ha hecho en otros países donde se imparte como complemento de la educación básica. Su instauración no debiera suponer un gasto sustancioso que, en todo caso, se vería compensado con el ahorro futuro y todo ello sin necesidad de medidas coercitivas.

Pero a pesar de todo, de persistir el ámbito penalizador, aún quedarían preguntas sin contestación posible, como quien denunciaría y quien decidiría la sanción que se le impondría al usuario y el por que la misma o, si para poder fundamentarla, habría que demostrarlo con la realización de las correspondientes pruebas que así lo probase, aunque suponga un aumento del gasto, porque??. menudo papelón si después de multar a un paciente, tuviese que volver a urgencias por el mismo problema y esta vez sí precisara la asistencia. Estas cosas pasan.

*Cardiólogo del Chuvi

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