El exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez suma su tercera imputación

La nueva causa surge de una denuncia sindical porque el Concello contrataba personal externo que luego trabajaba en oficinas municipales

04.04.2014 | 01:32

El exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez ha sumado su tercera imputación en año y medio. En septiembre de 2012 lo fue por la operación Pokemon, por lo que fue detenido, y hace unos meses por unas obras en la calle Bedoya que se adjudicaron por el procedimiento de urgencia sin acudir a concurso público. Y ahora le ha caído la tercera imputación por el Juzgado de Instrucción número 1 que investiga la denuncia presentada por los delegados de la CIG y USO, ampliada luego por el PP, sobre la contratación desde el año 2009 de profesionales externos para asistencias técnicas que luego desarrollaban su trabajo en oficinas municipales.

Por la misma razón también ha resultado imputada -la quinta que acumula- la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Ambos están citados a declarar el próximo día 21. Antes que ellos ya comparecieron cinco de los profesionales contratados por la vía de asistencias técnicas que fueron readmitidos como trabajadores laborales del Ayuntamiento de Ourense tras sendas sentencias por despido improcedente.

En la denuncia presentada el 29 de octubre de 2013, se aludía a la actuación "supuestamente ilegal" de la actual corporación municipal, a la que acusaron de prevaricación y malversación de caudales públicos, si bien ese tipo de actuaciones comenzaron en 2009 en la Concejalía de Urbanismo, cuya titular ya era Áurea Soto.

La investigación delictiva por presunta prevaricación y malversación de fondos por persistir en los contratos externos apunta, además, al actual regidor, Agustín Fernández, denunciado en la causa junto a la directora xeral de Personal, que fue edil no electa con las mismas competencias. Según el TSXG, aún no han sido imputados y su posible citación no será confirmada hasta que en el juzgado instructor conste acuse de recibo.

La última borrasca judicial que se instala en la Plaza Mayor llegó a la vía penal tras avisos sin resultados en la vía política y sindical. En marzo de 2013, el gobierno del PSOE rechazó una propuesta del PP de regular las asistencias técnicas para sortear el goteo de sentencias de despido que han convertido a personal ajeno a la plantilla en fijos, sin prueba de selección alguna. En varias mesas sindicales, los delegados expresaron su rechazo. La investigación se nutre, además, con las notas de reparo formuladas por el interventor.

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