En la vorágine que mantiene en vilo al frágil gobierno de Ourense -con minoría de ediles y una fractura cainita del grupo del PSOE-, las investigaciones de los jueces no dejan de provocar nuevos sobresaltos. La última tiene que ver con la contratación de profesionales externos con asistencias técnicas que los llevaron a plantilla con puesto fijo. Los sindicatos CIG y USO formalizaron la denuncia y, tras cerrar justo ayer la fase de declaraciones de testigos, el juez del caso, Leonardo Álvarez, ya apunta a los políticos. El alcalde, Agustín Fernández, la directora de Personal, Carmen Dacosta, y la segunda teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Áurea Soto, fueron denunciados por supuestos delitos de prevaricación y malversación. Soto confirmó ayer que ha sido llamada a declarar como imputada el día 21. Es ya su quinta imputación. El entorno del regidor afirmaba ayer que él "aún" no ha sido citado.

Sobre Áurea Soto, una de las ediles de máxima confianza del regidor socialista, ya pesan otras cuatro imputaciones. Una por supuesta prevaricación en la adjudicación de las obras de una calle y otras tres por denunciadas presentadas por el mismo promotor de la ciudad. La edil está dispuesta a cumplir el código ético del PSOE y dimitir en cuanto se abra juicio por alguna de estas causas y ella siga imputada, aunque considera que habría que esperar a tener una condena para renunciar al cargo.

La teniente de alcalde tuvo conocimiento de su nueva causa judicial mientras se encontraba, ayer por la mañana, en el Pazo de Xustiza, para responder de la querella sobre la concesión de licencia a la residencia del campus que fue declarada ilegal por el TSXG. En un receso, un agente del juzgado de Instrucción Número Uno de Ourense le llevó la citación a la oficina del Número Dos de Ourense, donde comparecía.

Muestra del cúmulo de casos que marcan diariamente la agenda municipal de Ourense, más o menos a la misma hora concluían los interrogatorios a los cinco profesionales externos que pasaron a fijos. Declararon en calidad de testigos.

Nadie como Soto, la edil que pone firma al nuevo PXOM, encarna la omnipresencia de los juzgados en la rutina del Concello. Con la de las asistencias técnicas, suma cinco imputaciones. En la causa de ayer fue interrograda durante dos horas.

El permiso fue otorgado sin que se acompañara la urbanización del entorno. Un técnico, que también declaró como imputado, redactó el informe. Un promotor con intereses urbanísticos en la zona y que lidera la junta de compensación del polígono colindante fue el autor de la denuncia. El citado constructor ejerce como querellante o asucación en tres de los procesos penales contra la concejala. Áurea Soto, que considera el ámbito contencioso como el adecuado para resolver la cuestión, tiene claro el porqué. "Para que se le regale el 100% de aprovechamiento", que la institución local le denegó en la zona en sentencia firme del TSXG. "Se están utilizando los juzgados por parte de especuladores con dinero", acusó, "para presionar a aquellos que no se someten".