¿Debe dimitir un cargo público imputado? La respuesta no la tienen clara ni PP ni PSOE, que mantienen criterios diferentes en cada administración según tengan o no miembros afectados. Incluso dentro de una misma ciudad -es el caso de Ourense- existen posturas contrarias en el seno de cada partido dependiendo de si están en el Concello o en la Diputación.
Estas contradicciones quedaron ayer en evidencia tras levantarse PSOE y BNG de la mesa de negociación creada por el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, para consensuar el código ético de la corporación provincial.
El rechazo de los socialistas se basa en su exigencia de que deben dimitir los diputados provinciales imputados. El PP tiene en estos momentos a tres cargos investigados por la justicia sentados en el pleno de la corporación provincial ourensana.
Baltar defendió, sin embargo, la permanencia de los cargos imputados en aras de la presunción de inocencia. "Tengamos en cuenta el caso reciente del alcalde de Baltar y diputado, absuelto dos veces", añadió.
Sin embargo, mientras el PP defiende la permanencia de imputados en la Diputación provincial, en el Concello exige los ceses del alcalde y los ediles investigados por la justicia y así lo ha reclamado en varias ocasiones el portavoz municipal del Partido Popular, Rosendo Fernández.
Sin embargo, ni el regidor Agustín Fernández ni los concejales de Ourense imputados piensan dimitir. El alcalde, ayer mismo, criticó una vez más "a los que criminalizan la vida administrativa del Ayuntamiento solo para conseguir imputaciones por la vía penal e intentar así derribar gobiernos".
Su postura nada tiene que ver con la de sus compañeros de filas en la diputación, donde son tajantes a la hora de exigir la dimisión de los diputados investigados por la justicia.
El portavoz del PSOE en la corporación provincial, Ignacio Gómez, presentó como "innegociable" para consensuar el código ético de la diputación que se marchen los cargos del PP imputados. En concreto, citó al alcalde de Barbadás, condenado al pago de una sanción por fraude fiscal, al alcalde de Xinzo, imputado en dos causas penales y ya sentenciado por "desviación de poder", y al regidor de O Carballiño, Argimiro Marnotes, imputado en la Pokemon.
Las tesis de Gómez en la Diputación fueron respaldadas por la diputada y edil socialista Mónica Vázquez -afin al pachismo y enfrentada al sector del alcalde- quien advirtió que un cargo imputado "no debería formar parte de ningún órgano representativo de ninguna institución".
Y el PP, que pide la dimisión de los imputados en el Concello de Ourense, mantiene, sin embargo, a los cargos salpicados por la Pokemon en los ayuntamientos de A Coruña y Santiago.
