Denuncias sobre incendios forestales, infracciones urbanísticas en suelo no edificible o vertidos en ríos podrían quedarse en el camino y no ser investigadas. Ese es el temor de los agentes forestales (6.000 en España y 500 en Galicia) porque creen que con la nueva Ley de Montes del Gobierno central se les pone una "zancadilla" al ejercicio de sus funciones.
La nueva norma en la que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, que modifica la de 2003, prohíbe a los guardas forestales, acudir directamente a la fiscalía o a los juzgados como hasta ahora y les obliga a comunicar las denuncias de los posibles delitos contra la naturaleza a las Administraciones de las que dependen. En el caso de Galicia, a la Consellería de Medio Rural o a la de Medio Ambiente según el tipo de delito o infracción.
La Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia (Aprafoga) ve "contradictorio" que los gobiernos pongan "cortapisas" a quienes se encargan de vigilar la naturaleza, al mismo tiempo que los gobiernos hablan de poner en marcha herramientas para luchar contra los delitos relacionados con el medio ambiente. La reforma de la Ley de Montes del Gobierno central choca con el anuncio hecho por la Xunta el verano pasado sobre su intención de dar potestad a la Policía Autonómica para multar en el acto a personas que descubran cometiendo una infracción. Mientras a este grupo se le conceden más competencias, a los guardas forestales se le recortan porque si se aprueba la ley estatal tendrán que informar de todas sus actuaciones al Gobierno gallego.
Los sindicatos coinciden en que si finalmente el texto se publica de esta forma tendría "difícil encaje legal" con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se reconoce a este colectivo la categoría de policía judicial y por tanto tiene que poner en conocimiento de jueces y fiscales siempre que tenga constancia de un presunto delito.
En opinión de CCOO, "la Administración quiere tener control para decidir los asuntos que llegan a los juzgados". Pero incluso alerta de que puede haber una intención "especulativa" para ocultar ciertos casos, sobre todo, de infracciones urbanísticas. "Hacemos denuncias que la Administración no quiere que hagamos", critica.
El presidente de Aprafoga, Xosé Bieito Rodríguez, asegura que en materia medioambiental el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos son a veces los responsables de los hechos denunciados "por omisión o por mala actuación". Y ahí cree que puede estar su objetivo de tener más control sobre el trabajo del colectivo. Pone como ejemplos la elevada mortandad de aves detectada desde 2010 en el entorno de parques eólicos o la pérdida de ejemplares del buitre negro (una especie amenazada) en Ourense.También opina que se les aplica este filtro a los agentes forestales porque actúan con más "independencia" que la Guardia Civil o la Policía Nacional.
