Fue una de las promesas electorales de Alberto Núñez Feijóo en la campaña para los comicios de 2012. En un contexto de malestar de los empleados públicos por la supresión de la paga extra, el líder del PP se comprometió a dar mayor estabilidad a unos seis mil empleados laborales fijos de la Xunta convirtiéndolos en funcionarios. La Consellería de Facenda calcula que este proceso de funcionarización se abordará en el segundo semestre del año, después de que se apruebe la nueva Lei do Emprego Público.

El personal laboral fijo, al igual que el funcionario, accede a la Xunta a través de una oposición. La única diferencia es que los primeros se rigen por la legislación laboral al igual que cualquier trabajador del sector privado. Teóricamente, desde el punto de vista del ejercicio de potestades públicas, un empleado público en régimen laboral puede intervenir en multitud de actos administrativos pero nunca ostentar presunción de veracidad, ejercer autoridad ni actúar como fedatario público. Este tipo de facultades, entre otras, quedan reservadas al personal funcionario.

En la práctica, apenas hay diferencias entre unos y otros salvo que el personal laboral estaría afectado por el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2012 que permite hacer EREs en las administraciones públicas.

Esa normativa que abría la puerta al despido del personal laboral, acompañado de la supresión de la extra y de los recortes aplicados por la Xunta tanto a los moscosos de los que disfrutaban los empleados públicos como a las pagas que cobran cuando están de baja, habían soliviantado a la plantilla de la Administración autonómica en los meses previos a la elecciones de 2012 y Feijóo en un gesto hacia los trabajadores de la Xunta había anunciado una ley para convertir en funcionarios al personal laboral.

Y así aparece recogido en el anteproyecto de Lei do Emprego Público. "El personal laboral fijo que desempeñe puestos de trabajo o realice funciones de personal funcionario, y que así se determine en la relación de puestos de trabajo que serán aprobadas por el Consello de la Xunta, previa valoración, clasificación y determinación, será objeto de un proceso de funcionarización", recoge la normativa.

Según explica la Consellería de Facenda, el objetivo es llevar este texto al Parlamento en este primer semestre del año y los procesos de funcionarización tendrán que esperar a que la ley esté en vigor.

Para ello será necesario desarrollar un reglamento que defina como se convierten en funcionarios a los empleados laborales fijos. Este proceso se iniciará, por tanto, en el segundo semestre de 2014.

Aunque el anteproyecto de ley explica que la funcionarización afectará al personal laboral que ocupe puestos de trabajo o realice funciones de personal funcionario, los sindicatos aclaran que, en la práctica, en esta situación están la mayoría de los empleados laborales fijos.

Este personal podrá concurrir a los procesos selectivos para convertirse en funcionario que se convocarán para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional. Las únicas exigencias que se adelantan en la norma sobre Emprego Público que tramita la Xunta es que el personal laboral debe "poseer la titulación necesaria". Además aclaran que al empleado que supere este proceso de funcionarización se le garantizará el mismo puesto que venía desempeñando hasta ahora.

Tampoco habrá diferencias de salario, puesto que prácticamente está equilibrado el sueldo de un funcionario con el de un empleado laboral, según fuentes sindicales.