Con el punto y final a la instrucción del caso de las prejubilaciones millonarias de los antiguos directivos de Novacaixagalicia, el juez Ismael Moreno mantiene los "indicios" de un posible delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, por parte de los seis imputados, incluido el abogado Ricardo Pradas, el experto contratado en materia de contratos. El magistrado de la Audiencia Nacional emitió ayer un auto que abre el camino al juicio, bajo la hipótesis de que José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes "prepararon su previsible y futura salida de la entidad" con "la necesaria colaboración" de Julio Fernández Gayoso y el asesor externo desde el momento justo del pacto para la fusión forzada. Y a eso se agarra el resto de la argumentación, con la incorporación de "mejoras" en las condiciones laborales y "abuso de confianza y engaño" hacia el consejo. Como esbozó la Fiscalía Anticorrupción para abrir las diligencias y pese a que consejeros e incluso las actas de sus reuniones recogen lo contrario y que el Banco de España admitió estar al tanto y su legalidad.

El relato de Moreno se va hasta "mediados del año 2010" para situar el nacimiento de ese supuesto plan preconcebido "de muto acuerdo" entre los antiguos directivos, "con motivo del acuerdo de fusión" de las dos cajas y la petición de los 1.162 millones de euros de la primera inyección de fondos públicos. Una hipótesis que choca con su conocida disposición a seguir, algo que daban por hecho los representantes del supervisor que acudieron de testigos a la Audiencia Nacional y la confirmación por parte de José María Castellano, también en sede judicial, de que fue él quien decidió prescindir de Pego porque era una de las condiciones de los inversiones extranjeros para acceder al capital del banco heredero del negocio. A eso se suma la continuidad de García de Paredes tras la segregación a NCG. Él mismo contó a las fiscales y al juez que se fue un mes después por un encontronazo con el entonces consejero delegado, César González-Bueno.

Por primera vez, en el proceso se reconoce que los contratos de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada son antiguos. Aunque el auto refleja las últimas fechas de actualización y no las de su incorporación a Caixanova.

Moreno reitera que el 20 de octubre de 2010, a las puertas del nacimiento de Novacaixa, se firmaron "los nuevos" con "mejoras en las retribuciones a percibir y en los conceptos pensionables para el supuesto, entre otros, del desestimiento unilateral de su relación laboral". La Dirección General de Seguros y Pensiones, responsable de una de las periciales solicitadas en estos últimos meses, acreditó, en cambio, que esos derechos estaban recogidos ya en la póliza de los exdirectivos y el plan general de toda la plantilla.

La narración del magistrado salta luego al 15 de agosto de 2011, cuando se reúne el consejo de la caja fusionada. "En ejecución del plan previamente concebido para preparar su salida de la entidad crediticia y con pleno conocimiento de sus próxima bancarización", repite, comparece Pradas, "quien de manera abstracta, sin identificar a qué personas podía afectar ni tampoco las provisiones necesarias" plantea "el eventual desistimiento" por el cambio de naturaleza jurídica. Al abogado le achaca que negara cláusulas de blindaje, "lo cual era manifiestamente incierto" y concluye que el consejo avala "dotar una provisión cuya cuantía no se concreta" por "la creencia" de que "estos directivos" -teóricamente, según el propio magistrado, no estaban identificados- cobrarían por los mismos conceptos que los prejubilados.

En septiembre de 2011, continúa la comunicación, Gayoso aprobó y liquidó a Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada "con plena ignorancia del consejo". Castellano lo hizo con García de Paredes, "en la creencia de que la misma se ajustaba a la realidad". Él defendió que así se lo habían dicho en Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica.

Como "indemnización" el auto apunta que Pego recibió 7,731 millones, de los que Anticorrupción pide la devolución de 1,443 millones; García de Paredes, 5,659 millones, con 5,266 millones para reintegrar; 913.600 euros de los 4,833 millones de Gregorio Gorriarán; y 260.900 de los 691.000 euros en el caso de Rodríguez Estrada. "Dichas liquidaciones, los conceptos en ellas incluidos y los importes concretos a abonar no fueron conocidos ni aprobados por el Consejo de Administración ni tampoco por el Banco de España hasta después de su pago", sostiene. Lo que contrasta tanto con las declaraciones de consejeros como de la cúpula del supervisor que pasó por la Audiencia Nacional.

Moreno echa también en cara a los imputados "infracciones" en la comunicación de sueldos de alta dirección de un real decreto de junio de 2011, pese a que en el sumario consta un informe del Banco de España que dice que no afectaba a Novacaixagalicia; y en el acuerdo con el FROB por las preferentes con las que se articularon los 1.162 millones de apoyo para alumbrar la fusión, algo que, de ser así, tendría que haber derivado en una penalización en la devolución de ayudas a interés superior al 9% y no de algo más del 7%, que fue el que el organismo fijó.