La Xunta retomará este semestre la reforma del Dereito Civil de Galicia para establecer por norma general que las bodas que se celebren en la comunidad se hagan de forma automática por el régimen de separación de bienes. Actualmente, salvo que los contrayentes expresen lo contrario, todas se formalizan con el sistema de bienes gananciales, donde los ingresos y el patrimonio acumulado desde el enlace se comparten a medias. Otras comunidades, como Valencia y Cataluña, ya han hecho el cambio y tienen implantado de oficio el régimen de separación de bienes en todas las bodas.
La propuesta ya se debatió durante la pasada legislatura, pero se aplazó la reforma por el adelanto de las elecciones autonómicas y porque no había una posición unánime de los juristas sobre el cambio. Pero la Consellería de Presidencia quiere retomarla de nuevo. Así que antes del mes de junio se convocará la Comisión de Dereito Civil para que emita su veredicto sobre la modificación y, según fuentes de la Xunta, su dictamen será asumido, en el caso de que sea favorable, por el Gobierno gallego para luego darle traslado al Parlamento y aprobar la reforma.
El informe que se someterá a discusión fue elaborado por el ex conselleiro y miembro de la Comisión de Dereito Civil, Jesús Palmou, y sus conclusiones son favorables al cambio del régimen económico en los enlaces matrimoniales.
El actual proviene de hace cien años y su principal objetivo era proteger sobre todo a la mujer para evitar su desamparo, ya que la mayoría no trabajaba, y dependía de los ingresos de su pareja. Pero, como advierte Palmou, esta situación ha cambiado sustancialmente y, con carácter general, la mujer está integrada en el mercado laboral. Pero hay otras razones que sustentan la reforma. Como que el 50% de los matrimonios no dura más de 10 o 15 años, a lo que siguen seis o siete años de pleitos por la separación, generando sobrecarga al sistema judicial y costes a los propios afectados. Con el régimen de separación de bienes, en caso de divorcio, la resolución sería mucho más sencilla pues no habría reparto que hacer.
Según el informe elaborado por Palmou, esta reforma es perfectamente ejecutable porque se ajusta al cuadro competencial y jurídico de la comunidad autónoma. Pero aún falta por pronunciarse la Comisión de Dereito Civil y no hay unanimidad al respecto. Representantes de los registradores y los notarios no estarían de acuerdo con esta modificación, pero, según indicaron diversas fuentes, la mayoría de la docena de miembros que integran esta comisión estaría a favor de seguir adelante con la reforma y aplicar con carácter general el régimen de separación de bienes para los nuevos enlaces matrimoniales.
En todo caso, su veredicto será tenido en cuenta por la Consellería de Presidencia, cuyo titular, Alfonso Rueda, preside la Comisión de Dereito Civil. Su idea es aceptar el dictamen que salga y, de ser favorable, impulsar la reforma en el Parlamento de forma que en un plazo de unos seis meses, si sigue la tramitación ordinaria, se pueda aprobar de forma definitiva. Pero si la comisión rechaza el cambio, entonces continuará el mismo régimen de bienes gananciales actual.
En su propósito de actualizar el Dereito Civil de Galicia, la Xunta también quería la pasada legislatura dar prioridad a la custodia compartida de los hijos en caso de separación de los padres. Pero la propuesta no tuvo éxito porque se consideró un cambio legal que excedía las competencias normativas de la comunidad y que lo más adecuado sería que cualquier modificación en este sentido se produjera en el ámbito del Estado, con resoluciones pendientes además del Tribunal Constitucional en esos momentos.
