Un informe elaborado por el servicio de Aduanas resulta especialmente revelador sobre las ramificaciones de la operación Pokemon en el concello de Ourense. Se refieren al proceso de adjudicación del servicio de limpieza de las instalaciones del Consello Municipal de Deportes de Ourense a la empresa Procedimientos de Aseo Urbano (PAU) del grupo Vendex, con una supuesta implicación directa del exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, y el exedil nacionalista, Fernando Varela, ambos imputados en la investigación de la juez de Lugo Pilar de Lara. Los dos dimitieron por su implicación en la causa.

El documento destaca que el exalcalde le pide a directivos de Vendex que le digan "con quién van en el sobre del concurso la víspera de abrirlo", según Aduanas, que indica que el contrato fue adjudicado a esa empresa por 139.000 euros anuales. Además, también se deja constancia de que ese mismo día, el delegado regional del grupo "recibe un sobre por Seur con origen Madrid, con presunción de que los mencionados envíos de dinero desde la central tienen como destino final determinadas personas vinculadas con la administración", en este caso concreto el concello ourensano.

Otro de los datos relevantes, y que se concretan en las escuchas recogidas en alguno de los 26 tomos del sumario sobre los que se ha levantado el secreto de sumario, es que el delegado regional de Vendex, José María tutor, asegura después de reunirse con el exalcalde que "la cosa salió redonda", y que los investigadores vinculan al proceso de contratación del servicio de limpieza en las instalaciones deportivas.

Y si en la adjudicación de la concesión del concurso para el Pabellón "todo salió redondo", las dificultades surgieron en el relacionado con el de la limpieza de centros educativos municipales e instalaciones dependientes, que a día de hoy mantiene en precario PAU, al recurrir el procedimiento que se llevó a cabo y que determinó la adjudicación a otra empresa ajena al grupo Vendex.

Con anterioridad, y tal como refleja la investigación, por parte de los directivos de Vendex se intentó mantener un contrato que ronda el millón de euros anual, para lo que contaría, al menos, con la "colaboración" del alcalde y de un funcionario municipal, también imputado en el proceso, como se desprenden de las intervenciones telefónicas de las conversaciones de directivos del grupo, tanto a nivel local como regional.

El delegado en Ourense, Adrián Cordero, comunicó a su superior en Galicia que "esto se va a parar", en relación al concurso de adjudicación, como pretendía, y llega a comunicarle: "Me viene a buscar Natalia (la secretaria particular de Francisco Rodríguez) para decirme que quiere hablar el jefe conmigo, pero que sepas que esto se paró".

Con anterioridad, en una conversación telefónica con el delegado de Vendex en Ourense, el exalcalde se compromete a realizar una gestión para que el proceso quede desierto, como así se lo llega a plantear por el grupo. "Voy a mirar... que lo miren a ver como va el tema ese", indica. Finalmente, el pliego se modificó y el concurso se paralizó.

Los pinchazos telefónicos también apuntan a supuestos pagos por más de 12.000 euros a "El bigotes", el jefe de la Policía Local de Ourense Abelardo Ulloa, por parte de Vendex empresa matriz de la concesionaria de la ORA y la grúa en Ourense. La firma, además, eximiría de multas a vehículos particulares, de determinados cuerpos policiales, y extendería hasta tarjetas de prepago de la ORA para calmar a algunos de esos agentes que, pese a todo, fueron multados por aparcar de forma indebida y no pagar el ticket de la ORA. También se libraron de esas multas particulares, políticos y periodistas.

Las conclusiones de la investigación de los agentes de Vigilancia Aduanera presentados el juez reproducen mensajes y conversaciones entre el directivo de Vendex en Galicia en abril de 2012, en las que dicen que "no encuentran justificación al excesivo gasto en comidas en 2011 por importe de 14.000 euros".

Tras revisar los gastos, Cordero envía un mensaje a Tutor en el que limita las facturas a 1.200 euros y atribuye el resto a pagos al "bigotes", según los pinchazos telefónicos que constan en el sumario.

Por otro lado, el exregidor Francisco Rodríguez declaró a Efe que es inocente y que el trato recibido -fue detenido- resultó "desproporcionado" pues estuvo incomunicado "50 horas para decir ahora que se paralizó una adjudicación". Aunque reconoce haber hecho "2 ó 3 llamadas" a la grúa, negó haber cometido ilegalidad alguna ni haber recibido regalos.