La durísima travesía en el desierto por la que deambula la economía española en los últimos cinco años es un perfecto caldo de cultivo para la picaresca a la hora de rendir cuentas con el fisco. Entre el ciudadano de a pie -hay coincidencia entre los expertos que solo así se entiende que con tasas de paro del 20% el país no haya salido en masa a la calle, a imagen de lo ocurrido en el resto de países periféricos en Europa-, pero también en grandes operaciones al alcance de muy pocos. En otras palabras, la economía sumergida, que en Galicia acumula un disparado incremento superior al 32% entre 2008 y 2012, según los técnicos de Hacienda (Gestha), que estiman que el fraude en la comunidad mueve 14.150 millones de euros. Antes del desplome de la actividad, el problema rondaba los 10.700 millones de euros.
Una cantidad que equivale al 25,6% de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que deja a Galicia en una posición intermedia entre todas las autonomías. Pero por encima del dato del conjunto del país, que alcanza un 24,6%. Solo la provincia de A Coruña, con un 22,7%, aguanta una tasa menor, pese al importante ascenso en relación a 2008, cuando el dinero oculto representaba el 18,5%. En Pontevedra pasó del 18,7% del PIB al 27%; del 21,1% al 28,2% en el caso de Ourense; y del 27,8% al 30,1% en Lugo.
Detrás de esta espectacular variación está, según Gestha y Jordi Sardà, profesor de la Universitat Rovira i Virgili, encargado del estudio, en gran medida el "efecto arrastre" del boom del ladrillo. La gran dependencia que la economía española mantuvo hacia el sector inmobiliario "y que fue imposible cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica". De la mano, otras consecuencias de la recesión y que "influyeron de modo decisivo" en el incremento del fraude. ¿Cuáles? El estudio apunta directamente al "espectacular" alza del desempleo, las subidas de impuestos que durante las dos últimas legislaturas impulsaron tanto el anterior Gobierno socialista como el actual Ejecutivo del PP y "que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario", además de "la multiplicación" de la corrupción política y empresarial.
Las justificaciones concuerdan con el perfil geográfico que arroja el reparto de la actividad en negro. Aquellas regiones donde más aumentó el paro y donde el ladrillo vivió sus momentos de mayor esplendor son las que muestran tasas más elevadas de fraude respecto a las proporciones de su economía. Así, a la cabeza está Extremadura, con un 31,1%; le siguen Andalucía y Castilla-La Mancha, con un 29,2% y un 29,1%, respectivamente. A continuación, según el análisis, aparece Canarias, donde las operaciones "en b" llegan al 27,9% de su PIB; en Comunidad Valencia asciende al 26,5%; a un 26,4% en Castilla y León; un 26,3% en Murcia; un 26% en Asturias; la tasa se sitúa en el 24,8% en Baleares; y un 24,6% en Cataluña. Solo cuatro autonomías -La Rioja (24,1%), Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%)- se mantienen con volúmenes inferiores a la media.
El dato de la capital es "llamativamente bajo" y se explica, según Gestha, por la concentración de grandes empresas y fortunas. Los ingresos tributarios están ahí, aunque su negocio se genere en otros territorios.
Al margen de los efectos del pinchazo económico, hay zonas en las que la economía sumergida se considera "un mal endémico", en opinión de Gestha y el profesor Jordi Sardà. Y ponen el ejemplo de cuatro provincias: Ávila, Albacete, Toledo y Ourense. No necesariamente las que tienen los picos más elevados, pero sí aquellas en las que las proporciones del fraude ante a Hacienda estaba ya en magnitudes muy elevadas antes de la crisis económica. "Todas de interior -señalan- y menos dinámicas".
Impacto por territorios
"A lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios de 2000, hasta los 15,1 puntos de 2012 -esgrimen los expertos-. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial".
