La operación Pokémon ha entrado en A Coruña para quedarse. Doce imputaciones en un solo movimiento. Destacan el primer teniente de alcalde, Julio Flores, en el Gobierno de Carlos Negreira (PPdeG) y el edil socialista José Nogueira, último responsable de Contratación del anterior Ejecutivo, el de Javier Losada. Cinco de los doce imputados son del PP o personas de la confianza del partido en el Gobierno local: el asesor del número dos de Negreira, la jefa de Cultura del concello, la jefa de Contratación, la asesora de Cultura y la directora de los Museos Científicos Coruñeses.
La Pokémon ya tocó al PP en el Concello de Santiago, y ahora es el turno de A Coruña. Y antes al PSOE en Lugo y Ourense. La mayoría de las imputaciones fueron comunicadas ayer y está previsto que sus protagonistas comiencen a desfilar por el juzgado de Lugo a partir de la próxima semana para prestar declaración. El afluente coruñés de la investigación que busca presuntas contrataciones irregulares relacionadas con el grupo Vendex alcanza a asesores, altos cargos y técnicos municipales. Las pesquisas se centran también en la política de contratación de personal en algunas concesionarias de servicios del Concello. Con las de ayer, son 98 el número de imputados de la Pokémon en toda España.
Según ha podido saber este diario y en coincidencia con algunos de los posibles delitos que enumeraba el auto de principios de diciembre, las doce personas declararán en calidad de imputados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso ilícito de información privilegiada y alteración de concurso público.
Siete de los doce nombres en la relación de imputados figuraban ya en el auto de la juez por el que ordenaba un registro, el pasado 3 de diciembre, en dependencias municipales para obtener los datos de ordenadores y correos electrónicos de varios ocupantes del Palacio de María Pita. Entre ellos, el número dos del Gobierno municipal y su portavoz, Julio Flores; y el concejal del PSOE José Nogueira, como último responsable de Contratación del anterior Gobierno municipal. A ambos les llegó una notificación "a fin de presentar declaración de imputados" en relación a una serie de presuntos delitos relacionados con la actividad municipal. A media mañana, les entregaban la notificación para acudir a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara.
A partir de ese momento, los dos concejales y el resto de señalados adquieren la condición de imputados, que no acusados. Esto es, su estado procesal puede cambiar durante la fase de instrucción y ser desimputados.
Es también el caso del resto de diez imputados en esta operación Pikachu, pieza separada de la Pokémon y la tercera fase de la investigación, desarrollada en una ciudad, A Coruña, en donde Vendex obtenía unos cinco millones de euros, la mitad de su facturación. La nómina de imputaciones prosigue con dos asesores directos de dos concejales, uno del propio Julio Flores y otra de la concejal de Cultura, Ana Fernández; y dos altos cargos nombrados por el Partido Popular: la jefa de Cultura y la jefa de Contratación.
Fuera de dicho auto, figuran como imputados cinco personas más. La primera, la directora de los Museos Científicos Coruñeses, antigua interventora del Concello de Burela sin formación científica, a la que poco después de llegar se le encomendó la tarea de analizar la posible falsedad de los documentos registrales y de adquisición de las fincas de Someso. De su área, dependiente de la Concejalía de Cultura, las imputaciones llegan al director técnico del Aquarium, nombrado en 2004 durante el Gobierno socialista, y un técnico responsable de mantenimiento y producción de los museos.
El inventario de imputaciones se cierra con otras dos funcionarias, en este caso relacionadas con el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), órgano dependiente responsable de fiestas y recintos de espectáculos. Fuentes próximas al caso auguran que esta lista de doce nombres se verá aumentada en próximas fechas y después de la toma declaraciones, en principio prevista ya para la próxima semana.
Como ha ocurrido en otros Ayuntamientos, además de poner la lupa sobre contratos como el mantenimiento biológico de la Casa de los Peces o varios servicios del Ágora, las investigaciones buscan también supuestas irregularidades en materia de contratación de personal o cualquier anomalía en la relación de la Administración local con las empresas con las que se relaciona.
