Todas las comunidades autonómas, incluidas las del PP, rechazaron ayer la nueva propuesta del Gobierno sobre la parte de la recaudación de las tasas judiciales que irá destinada a financiar la justicia gratuita. En la reunión de la conferencia sectorial de Justicia, celebrada ayer en Madrid con la ausencia del titular del Ministerio, Alberto Ruiz Gallardón, el Ejecutivo le planteó a las comunidades asumir, con cargo a lo recaudado con las tasas, el "sobrecoste" que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Justicia Gratuita, derivado de la ampliación del número de sus beneficiarios. Pero el Ministerio se limitará a un incremento máximo de la aportación de cada comunidad: un 0,47% más en las autonomías que no tienen transferidas competencias en la materia y como máximo el triple de ese porcentaje en las que, como Galicia, sí.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que la postura de las autonomías fue "prácticamente unánime" en torno a defender "el planteamiento inicial que se había hecho de destinar una parte importante de la recaudación de las tasas a sufragar la justicia gratuita". "Lo que le dijimos todas las comunidades es que reconsideraran su posición y el compromiso que había al principio", señaló. Con la oferta de ayer del Ministerio, reiteró, "no podemos estar conformes". Con todo, espera llegar a solventar las divergencias en la "negociación".

Justicia defiende cubrir el mayor coste generado por nueva la ley de Justicia Gratuita, pero alega que esta ya fue financiada cuando se transfirió la competencia, por lo que una "aportación indiscriminada implicaría una doble financiación".