Casi mil millones de euros. Esa es la cantidad que salió de las arcas del Estado para hacer frente a la catástrofe del Prestige, según cálculos del Gobierno central. Pero la setencia de la Audiencia Provincial de A Coruña concluye que el Ejecutivo apenas certificó 369 millones. Si hoy se produjera una marea negra como la ocurrida el 13 de noviembre de 2002 en la costa gallega, el Estado no estaría en condiciones de hacer frente a los gastos derivados del vertido. "No tendríamos dinero para pagarlo", reconoció el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en declaraciones a Cinco Días.

Tras asegurar que la gestión del entonces Gobierno de Aznar fue la correcta, Ramos detalló que el objetivo del recurso ante el Supremo que prepara la Abogacía del Estado no es "revisar" las decisiones de tipo penal sino "insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles que sean satisfechas por los autores del siniestro".