Una nueva fase se abre tras la sentencia que exime de cárcel y del pago de daños a los tres acusados por la marea negra del Prestige: la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar darle la vuelta al fallo. Antes del miércoles, las partes deberán comunicar a la Audiencia de A Coruña si llevan el fallo al Supremo, una posibilidad que todavía están estudiando los servicios jurídicos del Gobierno central y la Xunta, así como la propia Fiscalía y algunas de las partes personadas como Nunca Máis. Un día después de conocerse el fallo, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, se declaró decepcionado porque "nadie se haga responsable de los gastos" ocasionados por el accidente, en referencia a la aseguradora, la armadora y la clasificadora ABS, que avaló que el petrolero era apto para navegar meses antes de la avería en la costa gallega.
Pero la decepción que no comparte es la manifestada por partidos políticos sobre la exculpación del único cargo público imputado, el entonces director de la Marina de Mercante José Luis López-Sors, de quien dijo que el "linchamiento político" al que fue sometido fue "injusto". "Debe haber alguien que pague que una chatarra flotante produjera un impacto ambiental con un enorme coste al Estado español y al conjunto de los ciudadanos, que lo financiaron a tráves de sus impuestos", sentenció Feijóo tras confirmar que la Xunta estudia si cabe recurso de casación contra la sentencia. De los gastos realizados por el Gobierno gallego para afrontar la marea negra, ya cobró 56 millones y quedarían pendientes de cobro 2,5 millones.
También sobre el despacho de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y algunas de las partes personadas está la posibilidad de recurrir al Supremo para exigir responsabilidades y en consecuencia que alguien pague los daños ocasionados por el Prestige. "La posibilidad de dar la vuelta a la sentencia es remota", reconocieron ayer abogados personados en la causa a este diario.
Desde el Gobierno central, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pidió que se acate la decisión judicial "aunque discrepe" de sus "pretensiones", mientras que el colectivo Jueces para la Democracia cree que hay que depurar responsabilidades políticas por el siniestro.
El movimiento ciudadano Nunca Máis estudia recurrir la sentencia pues, según su abogado, Pedro Trepat, el fallo es "claramente insuficiente", "contiene lagunas y omisiones" y, tras él, los responsables "podrán volver a irse de cacería y adoptar decisiones con criterios meramente oportunistas y políticos". El fallo sin culpables llevará de nuevo a la plataforma Nunca Máis a la calle. Para hoy se han convocado concentraciones simultáneas en Galicia a las 20.00 horas porque aquella tragedia medioambiental no fue "una maldición bíblica" y resulta inasumible que no haya culpables.
Quienes sí ya anunciaron que llevarían el fallo al Supremo fue la asociación ecologista Arco Iris. De admitirse a trámite los recursos de casación que pudieran presentarse, quedarían automáticamente en suspenso los recursos que pudieran presentarse por vía civil, incluidos aquellos que hicieran referencia al destino de los mas de 22 millones de euros depositados como fianza hace años por la aseguradora del buque.
Cuatro son las opciones que pueden dilucidarse en el Supremo: que acate la sentencia de la Audiencia de A Coruña; que dicte una nueva y fije las indemnizaciones; que emita otro fallo pero delegue en el tribunal coruñés el reparto de las compensaciones; o que anule por defecto procesal la setencia de la Audiencia.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade de A Coruña, Francisco Javier Sanz Larruga, sostiene que, una vez dilucidada la responsabilidad penal y al margen de los recursos que se puedan presentar a la sentencia, el proceso puede continuar su rumbo judicial y dirimir entonces eventuales responsabilidades civiles que puedan plantear los afectados.
Alberto Muñoz, abogado de varias cofradías de pescadores afectados por el Prestige, advitió -tras desacartar recurrir la sentencia al Supremo porque no cambiaría "sustancialmente" el fallo- de que el recurso por la vía civil tiene el "impedimento" del pago de tasas judiciales para los afectados. "Tenemos un régimen de tasas judiciales, que en un procedimiento como este, tendrían que ser cuantiosísimas y serían ya un impedimento efectivo y material para acudir a la vía civil", sentenció.
