La sentencia por el hundimiento del Prestige hace once años que absuelve a los tres acusados por la catástrofe medioambiental y exime al Estado de pagar los daños ha generado reacciones contrarias en la clase política. Mientras el Gobierno, la Xunta y el partido que dirige ambos, el PP, mostraron ayer su "respeto" a la decisión judicial y celebraron que avale el papel del Ejecutivo entonces, el de José María Aznar, en la gestión de la crisis, los grupos de la oposición coincidieron en bloque en denunciar que se libre de cargas a los responsables políticos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, aprovechó además para destacar la labor de todos los gobiernos en la lucha contra la contaminación marítima.

Para el titular del departamento de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete -que ocupaba el mismo cargo cuando sucedió el accidente- las autoridades sí que funcionaron bien, a pesar de que era una situación "compleja de gestionar". A Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento en esa época, que la sentencia ratifique que no hubo responsabilidades le parece "muy bien" porque "nunca debió plantearse esa posibilidad". Tampoco entendió su comparecencia en el juicio como testigo ni la razón por la que estaba imputado el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, único miembro del Ejecutivo presidido por José María Aznar que tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados.

El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que calificó de éxito la organización del juicio que costó más de un millón de euros a las arcas autonómicas, observó que la sentencia "exime de las responsabilidades que algunos colectivos atribuían directamente" a los responsables políticos. "Parece que la sentencia no refleja eso", añadió.

A la sentencia sí se refirió portavoz de los populares gallegos, Paula Prado, quien destacó que la resolución revela que la gestión del accidente por parte de la Administración central fue "correcta" y pone de relieve la "manipulación" de algunos partidos para, en su opinión "sacar réditos políticos".

"Los hilillos"

Diputados del PSOE e Izquierda Unida criticaron ayer en el Congreso de los Diputados la "impunidad" política ante el hundimiento del petrolero frente a las costas gallegas en la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. En este sentido, el socialista Rafael Simancas apuntó a la responsabilidad del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en 2002 era ministro de Interior e "intentó engañar a los españoles" al comparar el fuel en la costa con "hilillos de plastilina"; a Álvarez Cascos por "irse de caza" cuando ocurrió la catástrofe, junto con el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y a Arias Cañete por "ponerse de lado".

En la misma línea se pronuncio el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, al afirmar que quienes a su juicio realizaron en aquel momento "una mala gestión" deberían "pedir perdón".

En el BNG percibieron la sentencia con "decepción" debido a que "los verdaderos culpables no estaban en el banquillo", según su portavoz en el Congreso, Olaia Fernández Davila. Por su parte, en AGE también lamentaron que los responsables del accidente ni siquiera fuesen imputados en la causa y ambas formaciones compararon la catástrofe con el accidente ferroviario de Angrois debido a que se da "impunidad" al poder, en palabras del portavoz de ambas fuerzas, Xosé Manuel Beiras. "Hoy podría volver a ocurrir otro Prestige", alertó el veterano diputado.