La conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, ha defendido que la resolución por que la se establece el nuevo copago --para fármacos de dispensación hospitalaria que retiran los crónicos-- evita que los pacientes tengan que asumir un gasto superior en la adquisición de estos medicamentos.

En respuesta a una interpelación, la titular de este departamento explicó que la resolución del Ministerio de Sanidad desarrolla el real decreto por el que se estableció, por primera vez, el copago para los pensionistas. Tal y como estaba redactado, dijo Mosquera, implicaría que los pacientes crónicos que no fuesen pensionistas tuviesen que pagar hasta un 60 por ciento de los fármacos, como ocurre en las oficinas de farmacia no hospitalarias.

Por eso, Mosquera ha defendido que la resolución del nuevo copago, que establece un máximo del 10 por ciento de la medicación o el equivalente a 4,2 euros por envase (se pueden retirar más al mes) para los enfermos no pensionistas, permite que haya "topes" para los pacientes y no tengan que enfrentarse a mayores costes que de la otra manera. En el caso de los pensionistas, el coste de la farmacia hospitalaria se suma al tope de 8 euros al mes de copago en general.

Pero frente a estas argumentaciones, la diputada del BNG Montse Prado, que formuló la interpelación a la conselleira, ha criticado que la Xunta no promueva una resolución que, a su vez, deje sin efecto la que ha promovido el Gobierno central "invadiendo competencias". Es decir, que la Consellería de Sanidade, en lugar de dejar que se aplique ese nuevo copago, establezca como exentos estos medicamentos que afectan a las personas que tienen patologías graves, como cáncer o hepatitis y sida.

"Por una vez sería bueno que en vez de dejar que invadan competencias sistemáticamente, actuasen en defensa de este país. Es una elección ideológica. Lamentamos profundamente la posición", ha asegurado Montse Prado, quien ha tildado esta medida de "injusta e inhumana".

"No" se pedirá la retirada

Sin embargo, la conselleria de Sanidade ha sido clara al decir que "no" se va a demandar la supresión de la resolución del Gobierno central, y ha defendido que la Xunta "cumple la ley" y ahora "está buscando las medidas para que sean más beneficiosas para los pacientes".

En su segundo turno, ha abundado en que el departamento que dirige está trabajando para "ver cuándo puede entrar en vigor y como hacerla lo más asequible", y ha remarcado que "el impacto de la medida" en el número de pacientes y en su "componente económica" será "muy reducido", puesto que están regulados por los topes establecidos.

Del mismo modo, Mosquera ha defendido que esta medida tiene como fin "equiparar" las aportaciones que hay que hacer a los medicamentos, "independientemente de donde sean dispensados los fármacos", y ha reivindicado que siguen exentos de copagar los enfermos ingresados en hospitales o los que van a hospitales de día.

El PP rechaza una propuesta

Similares argumentos fueron los usados, con anterioridad, por el portavoz de Sanidade del Grupo Parlamentario del PPdeG, Miguel Santalices, quien en el debate de una iniciativa defendida por la socialista Carmen Acuña, esgrimió la existencia de topes y las exenciones de copago para parados sin subsidio como argumentos para defender la nueva legislación en la que los pensionistas tienen que aportar hasta ocho euros.

Así, la diputada del PSdeG ha criticado el cobro de la farmacia hospitalaria por tratarse de una medida "cruel, mezquina e indigna", y ha remarcado que "antes no pagaban" y ahora sí lo van a tener que hacer. Así, ha lamentado que "ese maldito decreto (de 2012) convirtió el derecho a la atención sanitaria en un servicio" y ha subrayado que "con los derechos no se comercia, pero con los servicios sí".

Montse Prado, que también intervino en este debate, juzgó la medida como "un nuevo castigo al pueblo, un nuevo atraco y un impuesto a la enfermedad"; mientras que la diputada de AGE Eva Solla ha criticado que se escuden en que afectará a poca población. "Como son pocos podemos dejarlos morir", ha reflexionado poniéndose en la mente de los dirigentes populares, antes de asegurar que esta medida le daba "náusea y repugnancia".

"Ni espíritu de Riotorto ni asuntos de este tipo; no jueguen con la sensibilidad de la gente", espetó, por su parte, el diputado popular después de que nacionalistas y socialistas reivindicasen que hay alcaldes que harán frente a este nuevo copago, siendo el primero que impulsó esta iniciativa el regidor de Riotorto, del BNG.