La Xunta no seguirá la senda de la Comunidad de Madrid que acaba de anunciar la mayor bajada de impuestos adoptada hasta el momento por una comunidad. La Consellería de Facenda defiende que cada autonomía adopta las decisiones "que considera oportunas" en función de su situación económica y advirtió que para el Gobierno gallego la prioridad es garantizar los servicios públicos. De hecho, la conselleira Elena Muñoz presumió de que Galicia está a la cabeza de España en servicios sociales, sanitarios y educativos. "Y para ello necesitamos financiación", argumentó para justificar su negativa a nuevas rebajas de impuestos.
Para el próximo año el Ejecutivo gallego reducirá el IRPF, pero solo a las rentas más bajas (se aplicará a bases liquidables inferiores a 17.707 euros). En todo caso, la Xunta anunció al mismo tiempo, un incremento del céntimo sanitario que le permitirá elevar sus ingresos.
Entretanto, la Comunidad de Madrid ha apostado por una política de rebajas fiscales más agresiva: reducirá a cada contribuyente 0,4 puntos del impuesto de la renta, bajará en otro punto el impuesto de transmisiones patrimoniales -que grava los compra de pisos de segunda mano- y eximirá del céntimo sanitario en los combustibles a un total de 65.000 profesionales del transporte.
Con la soga del déficit todavía sobre el cuello, el Gobierno ha mostrado sus recelos por esta estrategia fiscal que también miran con preocupación el resto de comunidades que ahora se están viendo forzadas a explicar a los ciudadanos por qué ellas no bajan impuestos.
"Las comunidades deben usar su margen de maniobra en materia fiscal de forma responsable", espetó el ministro de Economía, Luis de Guindos. No fue el único toque de atención que ayer recibió el presidente madrileño, Ignacio González. Aunque no aludió directamente al Ejecutivo de Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el Ejecutivo central prepara una reforma fiscal pero pidió que ésta no se mida solo "por bajar impuestos".
Más comedida fue la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, quien eludió valorar la bajada de impuestos de Madrid siempre y cuando cumpla el objetivo de déficit previsto que, en conjunto, es de 1,3 por ciento. "El cumplimiento de este objetivo es inexcusable", advirtió.
Currás explicó que las comunidades tienen competencias sobre determinados impuestos y contrapuso la política fiscal de Galicia, que baja el IRPF pero sube el céntimo sanitario, con la de Madrid que "reduce el impuesto sobre la renta, el de transmisiones patrimoniales y el céntimo sanitario".
La conselleira de Facenda defendió las políticas fiscales que están llevando a cabo en Galicia porque "han dado buenos resultados a la comunidad autónoma". Frente a la reducción de impuestos generalizada de Madrid, la Xunta apuesta por "rebajas selectivas" y por la lucha contra el fraude fiscal. "Cada comunidad toma sus decisiónes en el marco de sus responsabilidades y de su situación particular", explicó Elena Muñoz, quien recalcó que para el Ejecutivo gallego la prioridad son los servicios públicos. "No hay ninguna otra comunidad autónoma que pueda hablar de un sistema público de servicios sociales, sanitarios y educativos como los de Galicia y para ello necesitamos financiación", defendió.
Su argumento de que si rebajan impuestos se quedan sin ingresos para sostener los servicios sociales fue compartido por otras comunidades como la Generalitat de Cataluña. "No nos salen las cuentas, aquí no lo podríamos hacer, nos cargaríamos el Estado de Bienestar", afirmó el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs.
Desde el gobierno madrileño, sin embargo, replicaron que si peligra el Estado de Bienestar es por "gastos innecesarios".
Más duro se mostró el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que acusó a Madrid de ofrecer rebajas fiscales con el dinero de todos. "No tiene sentido que haya comunidades que estén ofreciendo bonificaciones y otras ventajas y que otras que estamos aportando dinero, no lo podamos hacer porque tenemos la necesidad de cumplir con el objetivo del déficit", recriminó.
El presidente madrileño, Ignacio González, advirtió, sin embargo, que su comunidad no tiene un problema de déficit sino de financiación, porque es víctima de un modelo "injusto" y "poco transparente" que resta ingresos a las economías que mejoran.
Mientras tanto, la Junta de Castilla y León recalca que en su comunidad no habrá rebajas impositivas como la de Madrid y que gracias a eso pueden mantener los servicios esenciales frente a lo que sucede en otras comunidades donde están siendo cuestionados, como es el caso de Madrid.
Solo Extremadura dio la bienvenida a la rebaja fiscal de Madrid al considerar que sigue la senda que ya abrió esta comunidad hace años.
