La Audiencia Nacional dictó ayer la primera condena por terrorismo contra Resistencia Galega. La sentencia fija penas de entre 10 y 18 años de cárcel para los cuatro primeros activistas juzgados de este grupo radical independentista. La mayor condena ha recaído sobre Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega -18 años de prisión para cada uno-, por los delitos de participación en organización terrorista (8 años), falsificación de documento oficial con fines terroristas (2) y tenencia de explosivos con fines terroristas (8). Mientras que para Antón Santos Pérez y María Osorio López la pena es de diez años para cada uno, ocho por participación en organización terrorista y otros dos por falsificación en documento oficial con fines terroristas.
El 30 de noviembre de 2011, según se relata en la sentencia, Roberto Rodríguez entregó a primera hora de la mañana en la ciudad de Vigo a Eduardo Vigo tres termos metálicos cargados con seis kilogramos de explosivo. Eduardo Vigo cargó lo termos en su coche y fue interceptado esa misma mañana en el peaje de Teo de la AP-9 por la Policía.
Los artefactos contaban con sistemas temporizados de ignición "en perfectas condiciones para lograr su explosión", con la que hubieran provocado, continúa la sentencia, desperfectos materiales "y puesto en peligro la vida e integridad de las personas". Los agentes, en todo caso, ignoran cuál iba a ser el destino de las bombas.
Esa misma tarde del 30 de noviembre, los agentes registraron el domicilio y su trastero de Roberto Rodríguez en Vigo, en los que se encontraron documentación relacionado con la violencia independentista y DNI y carnés de conducir falsos de los cuatro activistas juzgados.
Pero el hallazgo más relevante fue el de un olla a presión, metida en una mochila, cargada con 3,2 kilogramos de explosivo y sistema temporizador listo para activarse. Era más potente que las incautadas en el coche y podía acabar con la vida de un persona situada en un radio de diez metros, según la sentencia.
En la madrugada del día siguiente se registró el domicilio de Eduardo Vigo, -también en la ciudad olívica- en el que se hallaron, además de documentos sobre la violencia independentista, medidas de seguridad para evitar las investigaciones y los controles policiales.
Planes
El día 3 de diciembre, los agentes detuvieron a María Osorio y Antón Santos y se le registró también el piso que compartían en Lugo. En el domicilio, la Policía encontró un manual para encriptar ficheros informáticos y otro de la CIA sobre técnicas de interrogatorio, así como documentación con posibles objetivos de acciones terroristas, un maletín con efectos destinados a sabotear cajeros automáticos o una memoria de ordenador con once fotografías de diversas acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista gallego.
Las pruebas realizadas por los peritos confirmaron que el material explosivo de los cuatros artefactos incautados es similar al utilizado en otros atentados atribuidos a Resistencia Galega.
El tribunal no dio crédito a la versión de los cuatro ahora condenados. Eduardo Vigo aseguró que la bolsa con explosivos se la entregó Rodríguez Fiallega y que éste a su vez la recogió debajo de un puente siguiendo las indicaciones que le habían llegado en una nota "cuatro o cinco días antes". Los dos aseguraron que no sabía nada del contenido de la bolsa.
En cuanto a María Osorio y Antón Santos, sostuvieron que no sabían nada, ni siquiera de los DNI y permisos de conducir falsificados con su nombre, según recoge la sentencia.
